El PP de Valdemoro ha emitido un comunicado en el que denuncia una "caza de brujas" por parte de los partidos de izquierdas del Ayuntamiento contra varios trabajadores municipales por la supuesta implicación de estos en la trama Púnica.
Los populares responden así a las solicitudes de varios grupos municipales, como PSOE e IU, que pedían celeridad al Gobierno local de Ciudadanos a la hora de exigir responsabilidades laborales a ciertos empleados y funcionarios del consistorio, quienes aparecen en el sumario de la trama, instruido por el juez Eloy Velasco.
En este sentido, el portavoz popular, David Conde -que fue alcalde durante unos meses tras la detención del anterior mandatario, José Carlos Boza- ha defendido que el "interés" del PP es que se esclarezcan todos los asuntos y recordado que su grupo colaboró con la investigación desde el primer momento.
Ha aludido así a que el Ayuntamiento se personó en la causa como acusación particular y creó una comisión de investigación presidida por la oposición.
"Yo mismo -ha recordado Conde- tomé la decisión de expulsar a los imputados del grupo de concejales, separar al funcionario que por entonces fue detenido, y reestructurar diferentes áreas municipales, además de abrir los órganos de gobierno a la oposición".
El portavoz del PP ha acusado a los partidos de izquierda de "pretender sacar rédito político a esta situación, actuando de manera irresponsable como si se tratara de una caza de brujas propia de la Inquisición, exigiendo medidas con trabajadores que, en algunos casos, ni tan siquiera han sido imputados".
Respecto a los que si lo están, el PP ha considerado que debe ser la justicia la que determine si los hechos que les imputan han ocurrido en el ejercicio de su cometido.
La formación ha añadido que "la mayoría de los trabajadores han demostrado su responsabilidad, honradez y profesionalidad, máxime en una situación tan complicada como la que atraviesa este Ayuntamiento desde el pasado 27 de octubre".
Por ello, el PP pide que se respete la investigación de la Audiencia Nacional para esclarecer la responsabilidad de los imputados "mediante los mecanismos que ofrece el Estado de Derecho, y del cual puedan derivarse acciones laborales, además de las penales, que ya están siendo investigadas por el órgano competente".