Constituidos otros tres órganos para abordar las soluciones a la Cañada Real

Constituidos otros tres órganos para abordar las soluciones a la Cañada Real

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Representantes del Gobierno regional, los ayuntamientos de Madrid y Rivas y los vecinos de la Cañada Real han constituido hoy tres ponencias técnicas en que se abordarán las "soluciones" medioambientales, jurídicas y económicas a los problemas del poblado chabolista.

Las "ponencias técnicas" constituidas  tienen como misión estudiar las soluciones más favorables para el interés general en los sectores 2, 3, 4 y 5 de la Cañada Real, según informa el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

La pasada semana se creó la Asamblea de la Cañada Real, un "órgano de debate y participación" en que confluirán las partes firmantes del Pacto Regional por la Cañada, suscrito el 17 de mayo pasado y que, entre otros propósitos, recoge medidas en materia social, sanitaria, educativa y laboral para mejorar el entorno y la calidad de vida de las personas que viven en esta zona de Madrid.

El Pacto, consensuado y suscrito por el Gobierno regional y los municipios de Madrid, Rivas y Coslada, pretende poner fin a un problema que arrastra la región desde hace más de 50 años, que afecta a las 7.300 personas que viven a lo largo de los 14 kilómetros de la Cañada Real y que presenta diferentes problemáticas que, durante décadas, han supuesto un desafío para los gobiernos de la Comunidad y para los ayuntamientos.

Según informa el Ayuntamiento en su nota de prensa, el próximo paso es la firma del convenio de realojo del sector 6, zona sin asfaltar.

Las ponencias tendrán el plazo de un año, prorrogable por otro, para presentar los informes finales a la comisión que evaluará y aprobará, en su caso, las soluciones.

La ponencia jurídica estudiará la posibilidad de la legalización de las viviendas o las vías para acceder a su propiedad así como las expropiaciones mientras que la ponencia económica estudiará la viabilidad de las propuestas.

El Pacto Regional por la Cañada Real Galiana tenía el objetivo de ordenar esta zona y garantizar los derechos de sus habitantes, bajo la premisa de facilitar la participación de los vecinos en la definición del futuro de este ámbito, según señala el Ayuntamiento.