El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta al juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En la misiva, Sánchez expresa su disposición a "colaborar" con la Justicia, pero insiste en que su declaración como testigo el 30 de julio "se deberá prestar por escrito".
Sánchez argumenta que su comparecencia ante el juez es "inseparable" de su condición como presidente del Gobierno, lo que justifica que su declaración sea por escrito. "Es mi deber preservar el sentido propio de la institución", subraya en su carta. Sánchez se ampara en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite al presidente declarar por escrito sobre hechos conocidos en razón de su cargo. Este procedimiento es una forma de "garantizar el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico", según el artículo 412.2 de la LeCrim.
El artículo citado por Sánchez establece que el presidente del Gobierno está "exento de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar", permitiendo que informe por escrito sobre los hechos relacionados con su cargo. La defensa de Begoña Gómez, liderada por el exministro socialista Antonio Camacho, ha utilizado un argumento similar en el recurso presentado contra la citación del 30 de julio.
Camacho señaló que no comprendía por qué el juez decidió desplazarse a La Moncloa para tomar declaración a Sánchez, si se están investigando "todos los actos, conductas y comportamientos" de Begoña Gómez desde que Sánchez asumió la presidencia. La defensa sostiene que el juez debería aplicar el artículo 412.3 de la LeCrim, que se refiere a cuestiones conocidas por el testigo pero no relacionadas con su cargo.
Sánchez concluye su carta afirmando que confía en que el juez Peinado "compartirá la necesidad del máximo respeto" al marco constitucional y legal, y por ende, a lo establecido en la LeCrim en relación con la figura del presidente del Gobierno.