La Audiencia Nacional ordena investigar a Granados por amaños en el PGOU de Valdemoro
La Audiencia Nacional ha obligado al juez del caso Púnica a practicar una serie de diligencias que le pidió la Fiscalía Anticorrupción para investigar presuntos amaños en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Valdemoro, aprobado en 2004, siendo alcalde el exconsejero madrileño Francisco Granados.
El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, se opuso en enero a tramitar esa petición de la Fiscalía al considerar que los hechos que pretendía investigar habían prescrito al haber transcurrido más de 15 años desde la aprobación de ese plan.
Ahora, la sección cuarta de lo Penal ha estimado el recurso de la Fiscalía contra la negativa del juez a abrir esa línea de investigación, ya que presupone que las presuntas irregularidades en el PGOU se cometieron antes de su aprobación, desde que Granados llegó a la alcaldía en 1999, y, en cualquier caso, la prescripción quedó interrumpida con la apertura de la causa en 2014.
Los magistrados -Teresa Palacios, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel -asumen que la Fiscalía pretende profundizar "en datos incriminatorios ya existentes" sobre "una presunta actividad delictiva" que se inicia en 1999 y 2000, y que no puede considerarse prescrita "habida cuenta de ser solo una fase de esa actividad criminal prolongada en el tiempo en el seno de una organización".
Además de esto, consideran que desde que la Fiscalía presentó la querella que dio lugar a esta causa en 2014, quedó interrumpida la prescripción invocada por el instructor.
Para pedir esas diligencias, la Fiscalía expuso al juez que al existir indicios de que en la tramitación del PGOU del municipio de Valdemoro, "entre los impulsores del mismo y los técnicos municipales se llevó a cabo un plan preconcebido, consistente en la modificación sustancial de los terrenos que habían sido adquiridos con anterioridad por empresas vinculadas a los impulsores del proyecto", con el "consiguiente" beneficio económico.
Por ello solicitó al magistrado requerir información a la Consejería de Medioambiente y Ordenación de la Comunidad de Madrid sobre "el PGOU de Valdemoro anterior al actual", "número total de expedientes administrativos incoados por la CCAA al revisar el plan", y por último, "informe por parte del secretario de la Comisión de Urbanismo de Madrid sobre la totalidad de expedientes" referidos a dicho plan.
Al recurrir la prescripción invocada por el juez, la Fiscalía expuso en su recurso a la Sala que los hechos objeto de investigación "responderían a la existencia de un plan organizado" que lideraba Granados, "que una vez alcalde antes de 2004, participaría en la venta de determinadas parcelas de dominio público a los impulsores del nuevo PGOU de 2004".
También alegaron el procedimiento que Granados tiene abierto en Suiza por blanqueo de capitales en relación a una cuenta bancaria que abrió en ese país en 1999 , "coincidiendo con la llegada a la Alcaldía", y en la que ingresó "al menos" 1,6 millones de euros, "lo que sería suficiente dato para considerar que tales hechos respaldan el inicio de esa presunta actividad ilícita a años anteriores a 2004" .
El pasado mes de febrero, las acusaciones que ejercen el PSOE y ADADE en el caso Púnica pidieron al juez que llame a declarar como investigado a un directivo de El Corte Inglés por su presunta participación en la recalificación supuestamente fraudulenta de unos terrenos propiedad de esa empresa en el Ayuntamiento de Valdemoro cuando era alcalde Francisco Granados.
Según estas acusaciones, desde 1973, El Corte Inglés (o las distintas denominaciones sociales del grupo como INDUYCO o HIPERCOR) era propietario de unas fincas en terrenos conocidos como El Majuelo Norte que en 1999 fueron declaradas rústicas y que en 2004 se vieron beneficiadas en el nuevo PGOU.
"Para la ejecución de sus planes entran en contacto con distintos participantes, entre los que se encontraría el Corte Ingles (bajo sus distintas denominaciones)", argumentan para pedir "investigar con más detalle esta operación de urbanismo".
Por ello pidieron al juez que solicitara al Registro de la Propiedad que certifique las propiedades que figuran o figuraron durante el periodo investigado a nombre del Corte Inglés o de cualquier sociedad que forme parte del grupo, o a nombre de su representante en estas operaciones Faustino José Soriano Atienza.
