La exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse y los concejales socialistas investigados por el Caso ITV impugnan el acta del Tribunal de Cuentas

La exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse y los concejales socialistas de su anterior equipo de Gobierno del investigados en el Caso ITV han impugnado el acta de liquidación provisional ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas.

También han impugnado la reclamación de afianzamiento por el presunto alcance contable, del que se les considera presuntamente responsables.

Dan este paso después de que a finales de julio, tras la citación ante el Tribunal de Cuentas para la práctica de la liquidación provisional por las presuntas irregularidades contables en el marco del Caso ITV, se les informara de que debían depositar 667.000 euros de manera solidaria para evitar el embargo de bienes.

En el informe, la delegada instructora concluyó que había un alcance patrimonial de 555.162 euros de principal, más 111.969 de intereses que imputaba al impago de los cánones de la concesionaria ITV Móstoles en los años 2015 y 2018.

De ello responsabiliza a los miembros de la Junta de Gobierno que tomaron el acuerdo de 20 de octubre de 2020 denunciado por el interventor municipal. Les dio un plazo para que depositasen la citada cantidad o se procederá al embargo de sus bienes de forma provisional.

Los ediles socialistas consideran que, de esta forma, se les "ha privado del derecho a la defensa dada la negativa de la instructora a la práctica de las diligencias solicitadas".

"La instructora no ha respetado los principios de objetividad e imparcialidad", han trasladado en un comunicado entendiendo además que "el procedimiento está politizado desde su origen" haciendo referencia a que el auto que impulsa las actuaciones previas "está firmado por Margarita Mariscal de Gante", exministra y exdiputada del PP.

PROCESAMIENTO

La Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez que instruyó el Caso ITV que procediera a procesar a Noelia Posse y a siete ediles de la anterior Junta de Gobierno al considerar que no se podía descartar la existencia de indicios de un delito de prevaricación administrativa por condonar una deuda a la empresa concesionaria de más de 2 millones de euros.

En la argumentación aludía al "perjuicio causado a las arcas públicas del Ayuntamiento de Móstoles, que resulta obvio, al menos, partiendo de la simple comparación entre las condiciones iniciales del contrato de concesión demanial de fecha 6 de junio de 2011 con la mercantil querellada IRV Móstoles S.L.2".

Según el auto, "el canon inicial de 133.000 euros que según previsiones del pliego alcanzaba en el año 2020 la suma de 147.653, 59 euros, --del que solo se hizo efectivo el canon correspondiente a los ejercicios 2011 y 2012, y parcialmente el del año 2013--, con las condiciones aprobadas en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el 20 de octubre de 2020.

Esto suponía "una quita del 50 por ciento de la deuda cuantificado en 615.000 euros, fraccionamiento del resto de la deuda a 30 años sin intereses ni garantías, y, reducción del canon anual a 60.000 euros anuales".