García Martín reclama la dimisión del delegado tras declarar ante el juez por malversación
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha calificado como un hecho “de extrema gravedad” la declaración este miércoles del delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, ante el juez por un presunto delito de malversación. Martín comparece como investigado por su etapa al frente de la Secretaría General de Presidencia, durante la cual se habría producido el nombramiento de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno.
En una comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, García Martín, que también ejerce como portavoz del Ejecutivo autonómico, ha subrayado la necesidad de que el delegado “dé explicaciones a todos los ciudadanos” y ha reclamado su dimisión inmediata. “Lo único que se espera ya del delegado en esta comunidad autónoma es que, después de esa declaración, presente su dimisión”, ha afirmado con contundencia.
La investigación judicial gira en torno al supuesto uso irregular de fondos públicos mediante el nombramiento de Cristina Álvarez, quien ejerció como asesora de la mujer del presidente y está considerada como pieza clave en la causa. El consejero madrileño ha recordado que Álvarez “dependía del delegado del Gobierno” y que su sueldo “lo pagaban todos los españoles”, lo cual, en sus palabras, agrava aún más la situación si se confirma que “presuntamente asesoraba en los negocios privados de la mujer del presidente del Gobierno”.
Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se exige claridad y responsabilidad política ante un caso que, según consideran, no solo implica a un alto cargo del Ejecutivo nacional en la región, sino que apunta al corazón del entorno personal del presidente Pedro Sánchez. “La ciudadanía no puede seguir contemplando cómo se banaliza el uso de lo público para fines privados”, ha señalado García Martín.
La declaración de Francisco Martín ante el juez Juan Carlos Peinado se produce en un momento de especial tensión institucional, con varios frentes judiciales abiertos que afectan a colaboradores del Gobierno y a miembros de su círculo cercano. El Ejecutivo madrileño ha vuelto a reclamar, en este contexto, una actuación ejemplar por parte de quienes ostentan cargos de representación estatal.
