La Comunidad pide diálogo para reducir la jornada laboral sin dañar al tejido productivo
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha advertido este martes de las consecuencias negativas que, a su juicio, acarreará para pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos la imposición "unilateral" de la reducción de la jornada laboral. Albert ha insistido en la necesidad de que cualquier modificación de este calado se acuerde con los sectores afectados y a través del diálogo social.
"Nosotros no estamos en contra de la reducción de la jornada laboral porque sí", ha aclarado la titular madrileña de Economía, "sino de que no se haga por acuerdo social y con todos los sectores". En declaraciones a los medios, ha recordado que numerosos ámbitos ya aplican jornadas inferiores a las 37,5 horas que el Gobierno central quiere establecer como máximo semanal por ley, sin reducción salarial.
Albert ha hecho estas afirmaciones tras valorar los datos del paro del mes de abril en la sede de su Consejería, y a pocas horas de que el Consejo de Ministros apruebe como proyecto de ley la nueva regulación laboral para su envío al Congreso. El Ejecutivo de Pedro Sánchez aspira a lograr los apoyos parlamentarios necesarios, pese a la enmienda a la totalidad anunciada por Junts.
La responsable autonómica ha señalado que existen sectores como el comercio donde resulta "prácticamente imposible" implementar dicha rebaja sin perjudicar la viabilidad económica de muchos negocios. En su opinión, "esta jornada laboral impuesta unilateralmente hace más daño a las pymes y a los autónomos", un tejido empresarial especialmente relevante en la economía madrileña.
Albert ha reiterado que la clave está en el diálogo entre empresas y sindicatos. "Eso es lo que no nos gusta. Tenemos que volver al diálogo social y a que se haga entre las empresas y los agentes sociales", ha recalcado.
La Comunidad de Madrid ha venido expresando su rechazo a las políticas laborales que, según su criterio, nacen de imposiciones ideológicas sin tener en cuenta la pluralidad del tejido productivo nacional ni el peso real de las pequeñas empresas, que representan más del 95% del total.
