El juez Pedraz procesa a 17 personas vinculadas a los Dominican Don't Play por delitos graves en Madrid
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado el procesamiento de 17 personas en el marco de una investigación contra la banda latina Dominican Don't Play (DDP), acusadas de diversos delitos, entre ellos el asesinato de un joven de 25 años ocurrido en febrero de 2022 en el distrito madrileño de Usera.
Según detalla el auto judicial, quince de los procesados se enfrentan a acusaciones por asociación ilícita, tráfico de armas, tráfico de drogas, falsificación de moneda y tenencia de útiles para su falsificación. A dos de ellos se les imputa, además, el delito de homicidio consumado por la muerte de Diego Fernando López, hecho atribuido en su momento a esta organización criminal.
Una organización violenta con implantación nacionalEl magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 5 apunta a la existencia de una estructura jerarquizada dentro de los DDP, que opera con normas y símbolos propios, y cuya actividad se extiende a distintas regiones de España. Según la Guardia Civil, la banda es responsable de riñas tumultuarias, lesiones graves y ataques perpetrados con armas blancas, como machetes y cuchillos, así como otros objetos contundentes, con frecuencia poniendo en peligro la vida de terceros.
En su resolución, el juez recuerda que el Tribunal Supremo declaró a la organización como ilegal por promover el odio, la violencia y la comisión de delitos como parte de su ideario, con el objetivo de imponer el control territorial y el miedo.
Tráfico de armas, drogas y dinero falsoLa causa se centra en las actividades delictivas de la banda, relacionadas con el tráfico de armas de fuego, drogas y moneda falsificada. El juez señala que los imputados utilizaban los recursos ilícitos no solo para lucrarse, sino también para financiar las actividades de la organización y armar a sus miembros.
La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional, pone de relieve la peligrosidad de estos grupos y la necesidad de una respuesta penal firme para garantizar la seguridad ciudadana y combatir la criminalidad organizada, especialmente entre colectivos juveniles.
