Dávila denuncia que Madrid recibe menos fondos por víctima que otras comunidades
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, trasladará esta tarde a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, una queja formal por lo que considera un trato desigual del Gobierno central en el reparto de fondos destinados a la atención de víctimas de violencia. La reclamación se formulará en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, que se celebra a partir de las 16.00 horas de este martes.
Dávila ha denunciado que la Comunidad de Madrid está recibiendo una media de 4,6 euros por víctima, frente a los 10 euros asignados en otras regiones, lo que supone —según ha dicho— una clara discriminación. “Lo que queremos es un reparto justo. No se puede tratar a las víctimas como si fueran de primera o de segunda categoría”, ha advertido en declaraciones realizadas tras visitar las instalaciones de la nueva residencia de Vicálvaro.
La consejera ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a que no anteponga criterios ideológicos a la hora de asignar los recursos públicos, y ha pedido que la financiación se base en criterios objetivos y en función de las necesidades reales de cada territorio. “No se puede castigar a las víctimas por vivir en una región u otra. Todas merecen la misma atención, sin distinción alguna”, ha afirmado.
La reclamación de la Comunidad de Madrid no es nueva, pero se intensifica ante lo que el Ejecutivo autonómico considera una práctica reiterada de marginación en la distribución de fondos por parte del Ministerio de Igualdad. En este contexto, Dávila ha puesto el foco en la falta de transparencia y equidad en los criterios utilizados por el Ejecutivo central para asignar las partidas.
Desde la Comunidad se defiende que el Gobierno regional está desplegando una amplia red de apoyo a mujeres víctimas de violencia, que incluye casas de acogida, asistencia jurídica y psicológica, y programas de integración laboral. Sin embargo, estas medidas —explican— requieren financiación estable y equitativa que no puede depender del color político del gobierno autonómico.
