La Comunidad presenta el requerimiento al Gobierno para exigir la financiación de la Ley de Justicia
La Comunidad de Madrid ha formalizado ya el requerimiento al Gobierno de España para exigir el cumplimiento de sus “obligaciones de financiación” en el marco de la aplicación de la Ley de Eficiencia en la Justicia. Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante un acto celebrado en la Real Casa de Postas.
La iniciativa, adelantada a principios de semana, busca que el Ejecutivo central evalúe el coste que implicará la implantación de la nueva ley en todas las comunidades autónomas y active los mecanismos necesarios para compensar a aquellas con competencias transferidas, entre ellas Madrid. “En el caso de que no cumpla con esas obligaciones de financiación, que tiene el plazo de un mes para contestar a este requerimiento, desde luego interpondremos el correspondiente recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo”, ha advertido García Martín.
Según cálculos de la Consejería de Justicia, la Comunidad de Madrid necesitaría 43 millones de euros para aplicar esta norma estatal, que consideran impuesta sin diálogo ni respaldo económico suficiente. “A pesar de no haber contado con el Poder Judicial, de no haber contado con las comunidades autónomas, de no contar con la financiación suficiente y necesaria, Madrid necesita 43 millones de euros para implantar esta ley”, ha reiterado el también portavoz del Gobierno regional.
El consejero ha defendido que el Ejecutivo autonómico no incurre en insumisión legal, como se ha insinuado desde algunos sectores del Gobierno central. “Nosotros no somos unos insumisos, nosotros cumplimos la ley”, ha subrayado, dejando claro que la intención del Gobierno madrileño es hacer valer sus derechos dentro del marco constitucional y legal vigente.
La Comunidad reclama que el análisis del impacto económico de la Ley de Eficiencia en la Justicia sea abordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano donde debe articularse la compensación financiera correspondiente. “Lo que buscamos es que el Gobierno analice los costes en todas y cada una de las comunidades autónomas y que ponga en marcha los mecanismos necesarios para resarcir a quienes tienen que asumir su implantación”, ha concluido el consejero.
