El TSJM estudia la demanda de los sindicatos sanitarios por la ausencia de un Plan de Prevención en Atención Primaria
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) celebra este jueves a las 10.00 horas la vista sobre la demanda presentada por los principales sindicatos de la Sanidad Pública madrileña contra la Consejería de Sanidad por la presunta ausencia de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales en la Atención Primaria. La acción judicial, impulsada por las organizaciones representadas en la Mesa Sectorial —Amyts-SAE-SIETeSS, CCOO, UGT, CSIT Unión Profesional, Satse y CSIF— junto a la plataforma APSeMueve, acusa al Gobierno regional de incumplir gravemente la legislación de 1995 que obliga a garantizar esta protección.
La demanda reclama una indemnización de 5 millones de euros, además de 100.000 euros por cada día de retraso en el cumplimiento del plan exigido. Según Vicente Martín, abogado de la plataforma APSeMueve, se trata de la mayor indemnización solicitada en España en materia de Derecho del Trabajo dentro de un procedimiento de conflicto colectivo por vulneración de derechos fundamentales. La queja afecta a cerca de 15.000 profesionales de Atención Primaria que, según los sindicatos, trabajan desprotegidos y sin las garantías básicas exigidas en términos de seguridad laboral.
Desde el inicio de las acciones judiciales en este ámbito, la Administración regional ha acumulado más de un centenar de sentencias condenatorias, que han reconocido la ausencia de medidas preventivas adecuadas. Entre ellas, destaca un fallo del propio TSJM que fijó una indemnización de 8.000 euros a un médico por omisión en la protección de su salud laboral, calificando la falta como un "incumplimiento muy grave" y una vulneración del derecho fundamental a la integridad física. En base a este criterio, si todos los profesionales afectados presentaran demandas individuales, el coste para el Ejecutivo regional podría superar los 120 millones de euros.
Desde la Consejería de Sanidad, dirigida por Fátima Matute, se defiende la existencia de un Plan de Prevención desde 2019, compuesto por 197 medidas. No obstante, los demandantes alegan que estos documentos no cumplen los requisitos legales para ser considerados como tal, argumento que fue respaldado por una sentencia del TSJM en 2021. El departamento regional insiste en que el plan ha sido actualizado y ampliado de forma constante, aunque reconocen que la pandemia ralentizó su implantación práctica.
La Consejería recuerda que ha mantenido reuniones específicas con los sindicatos para presentar el Plan Psicosocial y de Protección Laboral, y que incluso solicitó aportaciones de mejora en enero de este año, sin recibir propuestas concretas. Se han habilitado herramientas informáticas para controlar la ejecución de las 197 medidas, con evaluaciones trimestrales, y se ha completado la evaluación de riesgos en el 99% de los puestos y en el 58% de los centros.
Como parte de sus avances, el Ejecutivo regional destaca una reducción del 7% en las agresiones a profesionales de Atención Primaria respecto a 2023. Se ha implantado formación específica para 400 sanitarios con la colaboración de la Policía Nacional, y se ha logrado disminuir un 40% las vacantes en medicina de familia durante los primeros nueve meses del año gracias a incentivos e implementación de agendas de absorción que aligeran la presión asistencial.
Desde 2021 está operativa una consulta laboral monográfica sobre riesgos psicosociales, con más de 2.400 peticiones el pasado año. Además, se ha formado a 2.800 profesionales en estos aspectos desde 2022, y se han reforzado los dispositivos de seguridad con cámaras en 70 centros de salud. Se han creado canales telemáticos específicos para facilitar la participación de los delegados de prevención en cada comité de seguridad y salud.
