La Comunidad cifra en 4.000 millones el impacto de la reducción de la jornada laboral
La Comunidad de Madrid ha estimado en 4.000 millones de euros el coste que tendría la reducción de la jornada laboral en los sectores más afectados de la región, como comunicación, comercio y hostelería. Así lo ha señalado este jueves en la Asamblea de Madrid la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, quien ha criticado duramente el proyecto de ley del Gobierno central.
Albert ha tachado la iniciativa de "un auténtico ejercicio de autoritarismo" que perjudica a empresarios, pymes y la competitividad del país. Según la consejera, el Gobierno "ni siquiera se ha molestado en estimar con profundidad" el impacto económico de la medida, que considera una imposición ideológica que "va en contra del diálogo social, de la realidad económica europea y del sentido común".
Respuesta de la izquierda en la Asamblea
Desde Más Madrid, la diputada Jimena González ha respondido a la crítica del Ejecutivo madrileño acusando al PP de hipocresía. "Nos dicen que queremos trabajar menos y cobrar más, como si ustedes no quisieran exactamente lo mismo", ha reprochado González, haciendo referencia a la reciente subida del 6% en los sueldos de los diputados.
En su intervención, ha defendido que "el PP es la prueba viva de que trabajar menos y cobrar más es posible", pero que lo aplican solo para su beneficio. "Nosotras queremos que sea una realidad para todos los madrileños, no solo un privilegio exclusivo de los políticos del PP", ha zanjado la diputada.
Debate abierto sobre la jornada laboral
La propuesta del Gobierno de España plantea reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, una medida que ha generado un intenso debate entre empresarios y sindicatos. Mientras el Ejecutivo defiende que mejorará la conciliación y la calidad del empleo sin reducir salarios, desde el sector empresarial alertan de un impacto negativo en la productividad y los costes laborales.
En Madrid, la medida afectaría especialmente a sectores como el comercio y la hostelería, donde los márgenes de rentabilidad son más ajustados. La Comunidad insiste en que la imposición de esta reforma sin consenso con los empresarios pone en riesgo la viabilidad de muchas pymes.
