Castilla-La Mancha se suma a las comunidades del PP en el recurso contra la ley de amnistía
El Partido Popular y las comunidades autónomas bajo su gobierno presentarán en los próximos días recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía aprobada en mayo para perdonar los delitos relacionados con el proceso independentista catalán. A esta iniciativa se sumará Castilla-La Mancha, la única comunidad socialista que ha decidido actuar en esta línea.
El PP también busca apartar de la deliberación sobre la ley a tres de los magistrados del Tribunal Constitucional: su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez, ambos vinculados al anterior Gobierno de Pedro Sánchez. Según la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, estos jueces no ofrecen las garantías de imparcialidad y objetividad necesarias para resolver un recurso de tal magnitud.
Si el TC aceptara las recusaciones, la mayoría progresista se vería alterada, pasando de una ventaja de siete a cinco a una de cinco a cuatro en favor del bloque conservador.
La recusación de magistrados no es nueva para el PP, que en 2010 ya intentó apartar a Conde-Pumpido y a otros jueces en un recurso contra la Ley del Aborto, sin éxito. En aquella ocasión, el Tribunal Europeo de derechos humanos avaló la decisión del TC de rechazar la recusación.
En el actual contexto, el PP ha abierto la puerta a que otros partidos, como Vox y formaciones contrarias a la amnistía del 'procés', puedan sumarse a sus recursos a través de sus respectivos grupos parlamentarios en el Congreso y en los parlamentos autonómicos donde cuenten con mayoría junto a los 'populares'.
Nueve comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León, ya han anunciado su intención de recurrir la Ley de Amnistía ante el TC. La Xunta de Galicia ha solicitado a su Consejo Consultivo que evalúe esta posibilidad, mientras que la Rioja aún no ha definido su postura.
Castilla-La Mancha, presidida por Emiliano García-Page, también ha decidido sumarse a estos recursos. El Consejo de Gobierno de esta comunidad socialista ha aprobado interponer un recurso tras considerar que la amnistía vulnera el principio de igualdad y debería haber requerido una reforma constitucional, según un dictamen de su Consejo Consultivo.
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