Izquierda Unida pregunta por las viviendas de Sareb para afectados por el metro en San Fernando de Henares

Izquierda Unida, integrada en el Grupo Parlamentario de Sumar, ha presentado en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas sobre las viviendas disponibles de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que podrían destinarse a los afectados por las obras de ampliación de la Línea 7B de Metro en San Fernando de Henares.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, en coordinación con Carolina Cordero, portavoz de IU Madrid y responsable federal de Vivienda, ha registrado una iniciativa en la Cámara Baja. Esta propuesta busca encontrar una solución entre todas las administraciones a los "graves problemas de las cientos de familias afectadas por la línea 7B del Metro de Madrid".
"Desde hace 17 años, los vecinos de San Fernando de Henares sufren las consecuencias del desastre causado con la apertura de la línea 7B de Metro de Madrid. Fue en 2007, con Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando se inauguró la ampliación de esta línea que acercaba el suburbano a Coslada y San Fernando", recuerda la exposición de motivos.
Desde entonces, los edificios cercanos al recorrido del Metro han sufrido daños estructurales, causando el desalojo de vecinos y el derrumbe de negocios. La iniciativa de Izquierda Unida, firmada también por la diputada Tesh Sidi, subraya la necesidad de proveer viviendas para los afectados y paliar los problemas que enfrentan estas familias.
El pasado lunes, los diputados se reunieron en el Congreso con miembros de la Plataforma de Afectados por la 7B de Metro de San Fernando de Henares para escuchar sus problemas y explorar posibles soluciones. Alejandro Escribano, portavoz de la Plataforma 7B Afectados por Metro, destacó la importancia de desarrollar un pacto de Estado para proporcionar viviendas a los afectados que pierden sus casas.
Enrique Santiago criticó la falta de acción de los gobiernos del PP, especialmente bajo la dirección de Isabel Díaz Ayuso, calificando su actitud como desinteresada y despreciativa hacia los afectados.
La principal demanda de los afectados es la de "una casa por una casa", tras la demolición de más de 70 viviendas en la zona centro de San Fernando de Henares. Aunque la responsabilidad principal recae en la Comunidad de Madrid, IU sostiene que es posible movilizar recursos de otras administraciones para defender el derecho a la vivienda de los afectados.
En este sentido, se ha preguntado al Ejecutivo central si tiene previsto intervenir en la solución del problema trabajando conjuntamente con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Según información del Gobierno, existe un stock de alrededor de 21.000 viviendas de la Sareb disponibles para comunidades y ayuntamientos, y otro grupo de 1.661 viviendas cedidas a administraciones públicas.
Izquierda Unida desea conocer cuántas de estas viviendas están disponibles para la Comunidad de Madrid y su ubicación. La portavoz de IU Madrid ha reclamado al Gobierno estatal que intervenga de urgencia, coordinándose con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Fernando, para ofrecer soluciones integrales que garanticen el derecho a la vivienda de los afectados.
Carolina Cordero ha denunciado la actitud del Gobierno de la Comunidad de Madrid, acusándolo de irresponsabilidad y de dar la espalda a los afectados. Por ello, ha solicitado al Gobierno información sobre la disponibilidad de viviendas de la Sareb para paliar los efectos de la grave situación que enfrentan cientos de familias.
Otros encuentros previos
Los diputados de IU y la Plataforma de Afectados por la 7B ya se reunieron el pasado 20 de marzo. Tras este encuentro, Enrique Santiago y Tesh Sidi registraron una serie de preguntas en el Congreso ante la "inacción de la Comunidad de Madrid", que ha dejado a más de 600 personas sin vivienda.
La federación madrileña de Izquierda Unida ha trabajado desde el principio para contribuir a solucionar este problema, que sus dirigentes conocen de primera mano a través de las familias afectadas y las asociaciones que las representan.
Según la Comunidad de Madrid, en el último año se han invertido más de 70 millones de euros en actuaciones derivadas de las obras de ampliación de la Línea 7B en San Fernando. Estos fondos se han destinado a indemnizaciones, ayudas al alquiler y transporte, así como trabajos de consolidación e impermeabilización del terreno.