Pérez niega "riesgo para la seguridad" en el trazado del Tren de Navalcarnero
El consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, ha negado que haya "riesgo para la seguridad" en el trazado del Tren de Navalcarnero como alertó el Ayuntamiento de Móstoles el viernes y ha deslizado que el motivo de generar esta "alerta artificial" por parte de la alcaldesa, Noelia Posse, es la cercanía de las elecciones municipales del 28 de mayo.
El pasado viernes Posse avisaba de "hundimientos y socavones" en el terreno pro el que habría pasado la fallida infraestructura, reclamaba inspección regional y apuntaba que no quería que su pueblo fuera "un nuevo San Fernando de Henares", donde las obras de la Línea 7B de Metro han provocado fisuras en edificios, derrumbes y desalojos de vecinos.
"Es un intento de crear alarma y es curioso que sea a tres meses de las elecciones. Hay que hablar con seriedad. No tiene ningún alcance más que el que se quiera crear", ha lanzado Pérez a los medios de comunicación antes de presentar el Plan de Inspección de Transportes para 2023.
Ha asegurado que desde su área se ha actuado con "pura diligencia" y que el propio viernes el director general de Infraestructuras, Miguel Núñez, se desplazó a la zona, se valoró y se determinó que "no tiene importancia ni existe el más mínimo riesgo"
PRIMERAS INDEMNIZACIONES ACEPTADAS EN SAN FERNANDO
Por otra parte, también se ha referido a la situación actual de los afectados de San Fernando por la L7B, sobre la que ha apuntado que no quieren, "hasta que se cumpla el plazo" hacer declaraciones sobre la aceptación de las indemnizaciones.
Actualmente todos los afectados ya han sido informados de la propuesta de indemnización y, como informó Núñez el viernes en comisión, ya hay algunos que han aceptado.
"La aceptación incluye el reconocimiento al trabajo importante de la Comunidad para llegar a unas buenas cuantías", ha asegurado Pérez. Las cifras oscilan entre los 136.000 y 355.000 euros por inmueble, en la que se contemplan varios factores desde el valor del material hasta los daños morales.
Asimismo, ha apuntado a que la intención del Ejecutivo regional no es la de judicializar el conflicto, sino que han ofrecido una "solución justa" frente a aquellos que optan por "campañas políticas".
