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La Constitución cumple 44 años, 4 de ellos en desuso

La Constitución cumple 44 años, 4 de ellos en desuso

Sabido es que el cuatro es el número cabalístico de la política española: cuarenta y cuatro años se cumplen este martes desde que se promulgó la Constitución, firmada por un Rey, Juan Carlos I, que fue jefe del Estado español durante cuarenta años tras los cuarenta de la dictadura franquista.





Hace cuatro años se instaló, mediante moción de censura, un gobierno socialista que ha puesto muchas cosas patas arriba. Tanto, que lo que hoy prolifera entre las formaciones políticas son las acusaciones al otro de estar incumpliendo la Constitución. Y en no pocos casos, con razón. La Constitución está en peligro: españoles acudid a salvarla. O sea, parafraseando a Lampedusa, acudid a cambiar bastante para que el sistema siga básicamente igual. Sí, pero ¿quién da el primer paso para propiciar esos cambios, algunos sustanciales? Solamente alguien dispuesto, en su esfuerzo regeneracionista, a perder las elecciones. Y esa especie no prolifera en nuestro hábitat político.

Probablemente este martes, en la tradicional y solemne recepción --con las consabidas ausencias-- en el Congreso de los Diputados para celebrar un nuevo aniversario, el 44, de la ley de leyes, nadie insista ya en la necesidad de un estricto cumplimiento y menos aún de una reforma: todos estamos cansados de repetirlo sin que nada se mueva en el horizonte. Nada. Este domingo se cumplían cuatro años (4) del vencimiento de los plazos constitucionales para renovar el gobierno de los jueces y ya ni se detecta una sensación de sonrojo en los responsables de este atasco, que por cierto no son solo los partidos mayoritarios. Y, por si fuera poco, si lo que está ocurriendo con la renovación, 'a trozos no previstos en la Constitución', del Tribunal Constitucional, no viola la letra de la ley, que venga Dios y lo vea.

Quizá algo similar al contenido de este artículo podría haberse escrito el año pasado, también en vísperas de otro aniversario de la promulgación de la ley fundamental. O el anterior. Creo, incluso, que algo de eso hice. Pero ahora ocurre que todo se agrava, las instituciones y la separación de poderes se debilitan y ya no puede hablarse de meros retoques reformistas puntuales, sino de una auténtica Reforma, con mayúscula, que, con el consenso preciso entre los partidos, abarque a artículos contenidos en casi todos los títulos. Desde el referente a la Corona hasta el IX, que habla precisamente del Tribunal Constitucional. Pasando, claro, por los que se refieren a las Cortes generales, al Gobierno y la Administración, a las relaciones entre el Gobierno y las Cortes, al poder judicial o, especialmente, a la organización territorial del Estado. O sea, es mucho lo que hay que actualizar, precisar, limar, adecuar a las circunstancias y al mundo trepidante en el que vivimos, para nada parecido al de 1978.

Pero en todos estos años, y exceptuando la 'modernización' en septiembre de 2011 del artículo 135, sobre la estabilidad presupuestaria exigida por Europa, el acuerdo ha sido imposible, lo que ha afectado incluso al estricto cumplimiento de la Constitución. Y ahí tenemos el reciente caso de la no renovación del Consejo del Poder Judicial y el aún más reciente de la renovación 'manu militari' de una parte del Constitucional para demostrarlo. Ni siquiera ha habido, paradójicamente, acuerdo en cuestiones relacionadas con particularidades en las que todos están de acuerdo. Ni aún en el retoque en el artículo 49, que exigiría cambiar el casi despectivo adjetivo de 'disminuido físico' por el de 'discapacitado', más actual e integrador. Incluso pervive la referencia (art 30) al servicio militar obligatorio, legalmente desaparecido (y olvidado) hace más de una veintena.

¿Cómo, pues, esperar posibles reformas de mayor calado, cuando la pereza o el miedo a 'abrir melones', como el de la Monarquía, han imposibilitado cualquier aspiración a modernizar, actualizar y hacer más realista en algunos puntos el texto constitucional? ¿Cómo, cuando ni siquiera se plantea un acuerdo para iniciar un estudio sobre la reforma de una normativa electoral que nos aboca a una continua crisis política, forzando la unión de 'extraños compañeros de cama' para alcanzar mayorías capaces de gobernar?

La invocación de la Constitución como la herramienta que permitió, con el consenso adecuado, salir de una dictadura centralista a una democracia descentralizada parece ser aún hoy una defensa útil del 'statu quo'. Y hay que ser, aunque algunos socios del Gobierno no lo sean del todo, constitucionalistas a fuer de reformistas de la carta magna. Lo que me parece que ya no tiene cabida es el inmovilismo en un país que se mueve, en parte por impulso del propio Ejecutivo, a una velocidad imprevista.

Loor, pues, a la Constitución en la víspera de su 44 cumpleaños. Pero a mí, más que estos años de gloria pasada, me ocupan y me preocupan los próximos cuatrocientos cuarenta y cuatro días, cuando, incluso elecciones mediante, todo habrá cambiado presumiblemente tanto que ahora ni imaginarlo podemos. ¿Cuántas veces se vulnerará, más o menos sibilinamente, más o menos forzosamente, la letra, quizá el espíritu, de nuestra ley fundamental en todo ese tiempo? Y lo peor es que ni siquiera tenemos un Tribunal Constitucional que en estos momentos se detenga a pensar en esas cosas.