El Canal de Isabel II pierde un gran contrato en Santo Domingo tras 21 años
El Canal de Isabel II va a iniciar un proceso de arbitraje ante la Cámara de Comercio de Santo Domingo por la decisión del Gobierno dominicano de extinguir un contrato firmado hace 21 años con la empresa AAA Dominicana, controlada por el Canal, para la gestión comercial del agua potable y saneamiento.
Esta nueva controversia por las inversiones del Canal en Latinoamérica a través de su filial Inassa sucede a la expropiación por el Gobierno colombiano de la AAA de Colombia, que ha suscitado las críticas del PSOE por el “daño reputacional” para el Canal, mientras que Más Madrid pide al PP "no esconder su corrupción tras la bandera de España”.
La Comunidad de Madrid autorizó este miércoles que AAA Dominicana, S.A. se someta al “arbitraje ante la Cámara de Comercio” de Santo Domingo por “la controversia suscitada con la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) en el contrato de servicios”, firmado en enero de 2001 por importe de 23 millones de dólares y renovado sucesivamente desde entonces.
La dirección de CAASD decidió en abril rescindir el contrato de Servicio para la Gestión Comercial y Suministro e Instalación de Medidores por ser "poco rentable" para el país y por considerar "lesivo pagar un honorario fijo a AAA por encima del monto recolectado", según la prensa dominicana.
También destacan "irregularidades" en las últimas renovaciones por no respetar la libre competencia en la contratación pública, ocasionando "perjuicio al interés general".
Fuentes del Canal han indicado que "el vencimiento está previsto contractualmente para el 28 de febrero de 2022", y que cuentan con "autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid" para someter a arbitraje la controversia suscitada con CAASD "en caso de fuera necesario en el marco del cierre del contrato" suscrito en 2001.
Según ha informado El País, AAA Dominicana perderá un 87 % de sus ingresos, por lo que el arbitraje busca recuperar “todos los conceptos adeudados hasta la cancelación del servicio” y percibir de CAASD “una indemnización por los importes ya conciliados y acordados por las partes”.
El Canal controla la triple A dominicana a través de Interamericana de Servicios S.A. (Inassa), que tiene inversiones en empresas de Ecuador, Panamá, Brasil, México, Venezuela y Haití, además de Colombia donde ha sido expropiada.
LA TRIPLE A DE COLOMBIA
La empresa AAA de Colombia, cuya expropiación por el Gobierno colombiano comenzó en 2018 tras el escándalo de corrupción del caso Lezo, que involucra al expresidente madrileño Ignacio González, está de nuevo en el candelero tras la reciente venta por el Ayuntamiento de Barranquilla del 34% de sus acciones a terceros, pese a que estaban embargadas y a que no hay todavía una sentencia judicial definitiva sobre la expropiación.
En 2017, estalló el caso Lezo con la detención del entonces regional Ignacio González, finalmente condenado a ocho años de cárcel, y exdirectivos del Canal a raíz de la trama de comisiones y sobrecostes urdida alrededor de la actividad internacional de Inassa.
En octubre de 2018, la Fiscalía colombiana embargó las acciones de Triple A por considerar que Inassa cobró unos 68 millones a esta empresa por un contrato de asesoría técnica que no se produjo, iniciando así el proceso de expropiación.
Por este caso resultó condenado a 15 años el gerente de Triple A Ramón Navarro Pereira, y la Fiscalía ordenó además sanciones para otros siete directivos y exdirectivos de Triple A, varios de ellos españoles.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN MADRILEÑA
Para Más Madrid, "la nueva pérdida de derechos de concesión en Santo Domingo es una muestra más, tras la expropiación en Colombia, de cómo las conductas corruptas del PP fueron exportadas a Latinoamérica".
El holding Inassa estableció "alianzas con redes clientelares y corruptas para expoliar los interés públicos", tanto del Estado dominicano como del colombiano, según Eduardo Gutiérrez.
"Las conductas corruptas del PP, están deteriorando la reputación de nuestras empresas y haciendo un daño irreparable a la imagen de España. La gestión del PP sigue manchando la imagen de los profesionales de Canal Isabel II, del pueblo de Madrid, de las empresas españolas y de España", añade.
"El Estado español no puede amparar operaciones sospechosas de corrupción que dañan al patrimonio de los otros pueblos. Pedimos al gobierno de España, a sus embajadas y consulados, que colaboren estrechamente con las autoridades de Santo Domingo, con la Fiscalía y el sistema judicial de aquellos países", según Gutiérrez.
Para el PSOE, la controversia dominicana es "una nueva vuelta de tuerca del mayor caso de corrupción en la Comunidad de Madrid, como es el expolio del Canal de Isabel II", con el consiguiente "latrocinio" para las arcas regionales y el "prestigio reputacional" de la empresa, líder mundial en gestión integral del agua.
El diputado Diego Cruz cuestiona si estos casos ponen en riesgo las inversiones previstas en el plan estratégico del Canal al contar como activos los ingresos de Latinoamérica, y también ante las agencias de calificación de la deuda.
"Aunque el Canal sigue siendo una empresa con músculo fuerte, capaz de soportar estos latigazos, conviene aclarar todo esto lo antes posible, porque este runrún puede influir en su prestigio exterior".
El diputado también critica que la presidenta Díaz Ayuso "no hace más que confrontar con el Gobierno de España", pero está obligada a pedir su colaboración y de la embajada por lo que, "en vez de confrontar, reconozca que el Gobierno está del lado de intentar ayudar".
Sobre la expropiación, el PSOE ha registrado una batería de preguntas que la consejera Paloma Martín deberá responder ante la Comisión de Medioambiente, al igual que el consejero delegado del Canal, Pascual Fernández.
Entre ellas, qué previsión tiene el Gobierno sobre la calificación crediticia del Canal y ante una posible exigencia de "de reembolso anticipado" de bonos; qué cantidades ha provisionado el Canal o qué justiprecio reclama por la expropiación.
