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Impresentables

Impresentables

Enrique Arnaldo ya es magistrado del Tribunal Constitucional. Su nombramiento ha sido avalado por el Congreso de los Diputados a pesar de ser un candidato impresentable, en el sentido literal de la palabra: nunca debió ser presentado para tan alta magistratura.

Él mismo lo dijo en la comisión que lo examinó: "Ran importante es la imparcialidad como la apariencia de imparcialidad". Y esta apariencia se ha diluido en el proceso de su nombramiento tras conocerse un goteo de informaciones periodísticas que constatan sus estrechos vínculos con el PP, con la FAES, la fundación del PP y con los protagonistas de algunos casos de corrupción del PP. Lo último conocido es que Enrique Arnaldo fue quien abrió la puerta a Pablo Casado al centro universitario en el que el ahora líder del PP consiguió aprobar doce asignaturas que tenía pendientes para acabar su carrera de Derecho en apenas cuatro meses.

Y si impresentable es su perfil, impresentable es que el PP lo haya presentado. Si desconocía su trayectoria, cosa que parece increíble, ha sido negligente. Si la conocía, ha demostrado que su listón ético para preservar la independencia de los miembros de tan alta magistratura tiende a cero, a pesar de vociferarlo constantemente para cargar contra el Gobierno. Pero el despropósito se ha culminado con el apoyo parlamentario de los dos socios del Gobierno, que han avalado la designación con sus votos a pesar de reconocer su dudosa idoneidad y de admitir que tendrían que votarlo con una pinza en la nariz. Apelar al pacto para la bloqueada renovación de las instituciones no es de recibo. Porque ningún pacto puede sustentarse en avales tan dudosos y, sobre todo, porque este trágala no garantiza que el PP cumpla su compromiso para la renovación del CGPJ, que mantiene bloqueada a pesar del mandato constitucional, por cierto.

Odón Elorza fue contundente en su examen al candidato. Y después, se mantuvo coherente en su postura al no darle su apoyo en la votación. Rompió la disciplina de voto, sí, pero en este caso exigírsela es tan dudoso como avalar la candidatura de Enrique Arnaldo. Si lo sancionan en su grupo parlamentario, quizás podría llevar el caso al Tribunal Constitucional, porque los diputados, una vez elegidos, no están sometidos a mandato imperativo, tal y como proclama la Constitución. Y quién sabe, quizás Arnaldo le diera la razón. Aunque siempre nos quedaría la duda sobre si lo habría hecho para defender la carta magna o para desgastar al partido sancionador.