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El primer trimestre deja 1.033 desahucios en la región

El primer trimestre deja 1.033 desahucios en la región

La Comunidad de Madrid registró en el primer trimestre de 2021 un total de 1.033 desahucios, lo que la sitúa como la cuarta autonomía que más concentra, superada por Cataluña (2.437), Andalucía (1.778) y Comunidad Valenciana (1.553), según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicados este lunes.

En este informe se explica que en el conjunto del Estado hubo 10.961 lanzamientos, un 13,4% más que el mismo período de 2020. Un trimestre más, siguieron siendo mayoritarios, con un 71,7% del total, los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que sumaron 7.862; mientras que 2.548 (el 23,2%) fueron consecuencia del impago de hipotecas y los 551 restantes obedecieron a otras causas.

Tomando solo los desahucios derivados del impago de la hipoteca, entre enero y marzo de este año repuntaron un 6,5% en tasa interanual, el primer incremento en un año desde el segundo semestre de 201. Aumentaron también, un 14%, los lanzamientos derivados de la LAU, y un 46,2% los que obedecieron a otras causas.

De su lado, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021 se presentaron 7.280 ejecuciones hipotecarias, un 56,3% más que en el mismo trimestre de 2020, la cifra más alta desde el segundo trimestre de 2017.

El mayor número se ha dado en Cataluña que, con 1.767, representa un 24,3% del total nacional, seguida de Andalucía, con 1.431; Comunidad Valenciana, con 1.253; y Madrid, con 652.

En cuanto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), disminuyeron un 38,6% con respecto a los tres primeros meses de 2020. En total se presentaron 153 expedientes de este tipo.

Por su parte, en el periodo analizado se presentaron 34.461 demandas por despido, un 12,6% más que en el primer trimestre de 2020.

Madrid, con 7.353 (21,3% del total nacional), fue la comunidad en las que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguieron Cataluña, con 6.258; Andalucía, con 5.189, y la Comunidad Valenciana, con 4.104.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, 34.356, fue un 6% superior a las presentadas en el primer trimestre de 2020. De ellas, 6.789 se presentaron en Madrid (19,8% del total); 5.753 en Andalucía y 4.065 en Cataluña.

De acuerdo con el informe, los procedimientos monitorios presentados en el primer trimestre de 2021 fueron 205.212, lo que supone un incremento interanual del 22,8%.

La mayor utilización de este tipo de procedimiento se dio en Andalucía, con 40.672, seguida por Cataluña, con 30.265 y Madrid, con 29.265.

Según explica el CGPJ, el procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

De su lado, en el primer trimestre de 2021 ingresaron en los juzgados especializados en cláusulas abusivas 33.747 asuntos de esta naturaleza; se resolvieron 36.011 asuntos y quedaron en tramitación 234.915. Se dictaron 30.355 sentencias, el 97,6% de las cuales fueron estimatorias.

En el primer trimestre de 2021 se registraron 791 asuntos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, cifra similar a la del mismo trimestre del año anterior, y se resolvieron 866. En Andalucía se presentó el mayor número de demandas, 195, que representan el 24,7% del total nacional. Le siguieron Cataluña, con 189; la Comunidad Valenciana, con 96, y Madrid, con 59.

Según se detalla en el informe, la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil.

Así, desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.