Madrid resarcirá a uno de los 2.935 inquilinos de los pisos vendidos a Azora

La Comunidad de Madrid ha anunciado que no recurrirá ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo (TS) sobre las 2.935 viviendas vendidas en 2013 al fondo Azora-Goldman Sachs y que la ejecutará en los términos señalados por el Juez, solamente en el caso de un demandante de Navalcarnero.

Así lo han manifestado este martes fuentes de la Comunidad, según las cuales, sin recurrir al Constitucional la sentencia última, de marzo pasado, el Gobierno Regional revertirá la venta de dicha vivienda y resarcirá económicamente a Azora.

En una sentencia del 9 de marzo pasado, el Tribunal Supremo desestima un recurso de la Comunidad de Madrid para frenar la nulidad de la venta de dichas viviendas públicas al fondo de inversión, llevada a cabo durante el Gobierno de Ignacio González (PP).

La adjudicación, por 201 millones de euros, que comprendió 32 promociones inmobiliarias, fue anunciada el 29 de agosto de 2013 por el antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) sin haberla justificado y dos meses más tarde se comunicó a los arrendatarios la transmisión de la propiedad de sus viviendas.

La sentencia de marzo del Supremo desestimaba un recurso de nulidad presentado por la Comunidad de Madrid contra una sentencia previa, del 12 de diciembre de 2019, que ratificó la anulación de la resolución del 29 de agosto de 2013 de la venta de dichas viviendas protegidas.

Madrid también recurrió un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anulaba la comunicación del Ivima, en relación con la enajenación de las viviendas en arrendamiento adjudicada a Azora y la transmisión de la propiedad de los inmuebles a Encasa Cibeles.

El recurso ante el Constitucional era la última petición de amparo que le quedaba a la Comunidad de Madrid en este caso.

Este martes, las fuentes de la Comunidad de Madrid han dicho que, según los términos de la sentencia del TS de marzo pasado, el Gobierno regional debe indemnizar "al demadante", el inquilino de una vivienda de Navalcarnero, y no a los demás.

A este respecto, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Quique Vilalobos, ha dicho que la Comunidad de Madrid actúa "de forma torticera y mentirosa al interpretar una sentencia que dice con claridad meridiana que absolutamente toda la venta está anulada en tanto que fue realizada en bloque".

Según la FRAVM, "desde el principio del conflicto judicial, la Comunidad de Madrid ha intentado dilatar el cumplimiento de las sentencias judiciales, en contra de gente humilde que no tiene recursos para defenderse, haciéndoles imposible la vida con todos los medios en sus manos".

En una nota de prensa remitida este martes, la FRAVM y las familias afectadas piden a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que negocie "cuanto antes" la recuperación de las viviendas del IVIMA vendidas a Goldman Sachs.

"En un momento de crisis económica como el actual, el Gobierno regional debería proteger especialmente a las familias más vulnerables, y restituir cuanto antes los derechos de los hogares damnificados por la operación de venta como legales adjudicatarios de vivienda pública y protegida", dice la FRAVM.

La FRAVM y la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima (AVVI) consideran que al desechar la opción del recurso de amparo, la Comunidad de Madrid "está obligada a asumir el resultado de varias sentencias" del TSJM y del Supremo, "que dan la razón a una familia de Navalcarnero, la de Rachid Bouikou, y declaran nula la vergonzosa operación de enajenación de viviendas de protección pública que tuvo lugar en 2013".

La FRAVM y la AVVI dicen que la Comunidad de Madrid "está obligada a iniciar la recuperación de los 2.935 pisos de 32 promociones del IVIMA que Ignacio González malvendió entonces al fondo buitre Goldman Sachs y a restituir los derechos de sus legales adjudicatarias como familias beneficiarias de vivienda pública".

En 2018, dos juzgados de Madrid declararon la nulidad de la venta de las viviendas al considerar que la Comunidad de Madrid no acreditó "la innecesariedad" de estos pisos sociales, requisito que la ley exige para realizar este tipo de operaciones.