Ángel Garrido ofrece colaborar con la justicia para aclarar si hubo sobrecoste en los hospitales de la Comunidad de Madrid de la etapa de Aguirre
Ángel Garrido, presidente regional, ha ofrecido "colaboración absoluta" con la justicia, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya abierto diligencias para investigar el posible sobrecoste de siete hospitales públicos construidos en la etapa de Esperanza Aguirre.
A este asunto se ha referido en declaraciones a los periodistas tras presentar el balance del Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas, un centro pionero en España que se puso en marcha el pasado mes de abril.
"Si la Fiscalía o un Juzgado requiere documentación a la Comunidad de Madrid o a cualquier Consejería se la vamos a remitir con carácter inmediato para que pueda averiguar lo que haya", ha señalado Garrido.
El presidente madrileño ha ofrecido "colaboración absoluta" con la justicia para que esclarezca cualquier asunto que ellos crean que es conveniente estudiar.
Tras apuntar que en este caso la Fiscalía Anticorrupción ha pedido documentación, ha subrayado que siempre que lo han hecho, como ha ocurrido en otras Consejerías con otros asuntos, el Ejecutivo madrileño ha remitido con carácter inmediato esa información para que la puedan estudiar, analizar y resolver lo más pronto posible, si es que hay algo que resolver.
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar el posible sobrecoste de siete hospitales públicos construidos en la etapa de Esperanza Aguirre, y ha solicitado documentación a la Consejería de Sanidad tras una denuncia de Podemos por presuntas irregularidades en el pago de cánones a las concesionarias.
Se trata de los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Tajo, Hospital del Sureste, Hospital del Henares y el Puerta de Hierro de Majadahonda, construidos entre los años 2007 y 2008 bajo el modelo PFI (Private Finance Initiative), por el que la Comunidad de Madrid deberá pagar cánones a las constructoras adjudicatarias durante treinta años.
Anticorrupción abre diligencias por un posible sobrecoste de siete hospitales
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar el posible sobrecoste de siete hospitales públicos construidos en la etapa de Esperanza Aguirre, y ha solicitado documentación a la Consejería de Sanidad tras una denuncia de Podemos por presuntas irregularidades en el pago de cánones a las concesionarias.
Se trata de los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Tajo, Hospital del Sureste, Hospital del Henares y el Puerta de Hierro de Majadahonda, construidos entre los años 2007 y 2008 bajo el modelo PFI (Private Finance Initiative), por el que la Comunidad de Madrid deberá pagar cánones a las constructoras adjudicatarias durante 30 años.
La Consejería de Sanidad ha confirmado a Efe que la Fiscalía les ha solicitado documentación y que la colaboración con la justicia va a ser "absoluta", como es habitual.
Sanidad destaca, además, que estos hospitales funcionan con total normalidad, prestando "un gran servicio" a los ciudadanos de su área y que la Consejería hace "un seguimiento constante y exhaustivo del cumplimiento de los pliegos de los contratos" con las sociedades concesionarias.
Los contratos, que datan del Gobierno de Esperanza Aguirre, encargan a empresas privadas la prestación de todo tipo de servicios no sanitarios en estos hospitales, ya que la atención sanitaria corresponde a la dirección del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
Los cánones anuales se pagan a las empresas de forma conjunta por la amortización de la construcción y la prestación de 12 servicios.
Según la denuncia de Podemos, presentada en julio pasado, habría posibles delitos de prevaricación, fraude, malversación y tráfico de influencias en la gestión de las concesionarias, así como "opacidad y arbitrariedad" en el pago de los cánones que la Comunidad de Madrid abona anualmente a las empresas que construyeron estos centros.
En la denuncia, los parlamentarios de Podemos señalan que el canon que cobran las empresas ha aumentado un 47% desde que comenzaron a ejecutarse los contratos en 2007 hasta los presupuestos de 2018 "sin que ni la actividad ni los recursos sanitarios ofrecidos por estos hospitales se hayan visto modificados".
Por su parte, Sanidad asegura que ha velado por el estricto cumplimiento de los pliegos en estos años, con constantes reuniones e incluso interposición de recursos y sanciones a las concesionarias cuando ha habido discrepancias.
