33 años de Constitución Española
La historia de la Constitución española de 1978 acompaña a la historia de España. Redactada durante la transición democrática del país, tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, se trata de una recopilación de todas las concesiones que se hicieron a los bandos políticos tanto autonómicos como nacionales. Durante la redacción de esta Constitución hubo un tema constante: el consenso.
La Constitución que fue ratificada por el referéndum del 6 de diciembre de 1978 reemplazó a las Leyes Fundamentales del Reino que tenían vigencia durante la época franquista y que mantenían al país en un clima de represión muy marcado.
El Estado Español se establece por tanto como una Monarquía Parlamentaria, que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, en la que el poder soberano reside en el pueblo y no en el dirigente o jefe del Estado.
Historia Constitucional Española
Se puede decir que el primer ejemplo de regulación constitucional se encuentra en 1808 con el Estatuto de Bayona, aunque dada su influencia es la Constitución de Cádiz de 1812 la que se puede considerar la predecesora directa. Esta constitución de corte liberal y progresista, de la que se celebra el bicentenario en 2012, también conocida como 'La Pepa' en honor al día de San José en que fue promulgada, arrastra hasta nuestros días los principales logros y errores constitucionales.
Tras otro Estatuto Real en 1834 y la constitución promulgada en 1837 que suponía una revisión a 'La Pepa', se reformó poco después dando lugar en menos de 10 años a la conservadora Constitución de 1945 en la que se conservaba un poder bicameral que en el que las Cortes gobernaban junto al rey.
En 1869 la nueva constitución y con la declaración de Amadeo I de Saboya como nuevo rey de España, se configura ya una amplia tabla de derechos, antecedente de lo que podemos encontrar en la actualidad y muy progresista para el momento.
El Salto a la Primera República dio lugar al proyecto constitucionalista de 1873, en la que se planteaba un bicameralismo puro y un modelo federal pero que nunca llegaría a entrar en vigor por el golpe de Estado un año después.
Tras la restauración monárquica y la promulgación de la Constitución de 1876 en el que se establecía al rey como eje vertebrador del Estado, habrá que esperar a 1931 durante la Segunda República para una nueva constitución, en la que se establecía un Parlamento unicameral y una completa tabla de Derechos Fundamentales que son también predecesores de la constitución actual.
La historia democrática del país sufrió las consecuencias del estallido de la Guerra Civil y la instauración del régimen franquista, en el que la regulación se basaba en el poder absoluto del dictador y las Leyes Fundamentales del Reino promulgadas por el Generalísimo Francisco Franco, suprimiendo por tanto el poder de las Cortes.
Habría que esperar a la Transición Española para la creación de la Constitución definitiva de 1978, la cual suponía un cambio radical de las políticas centralistas y dictatoriales del régimen franquista y daba paso a la creación de las autonomías españolas y una monarquía parlamentaria.
Autonomías en España
Aunque el Estado quedará dividido en Comunidades, Provincias y Municipios, según el artículo 2 del Título Preliminar "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas"
En este sentido la específica mención a las autonomías se completa junto con el artículo 3 y 4 en los que las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, y que además estos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas.
La clara influencia que tuvieron las políticas autonómicas durante la Transición Española están aquí reflejadas, y la presión de los grupos autonómicos se sigue viviendo en la España actual.
Los resultados electorales de este 2011 son definitivamente un indicativo de la fuerza de estos grupos: en Cataluña (CiU y ERC), el País Vasco (Amaiur y PNV), Galicia (BNG), Canarias (CC-NC-PNC), Valencia (Compromís-Q), Asturias (FAC) y Navarra (GBAI). Aunque se sabe que partidos son los más poderosos, su posición en el Congreso de los Diputados frente a los 4 partidos nacionales (PP, PSOE, IU-LV y UPyD), abre la política nacional a todas estas autonomías.
El Senado ¿órgano de representación territorial?
El Senado, elegido también como representante del pueblo, debería ser la voz de las Comunidades Autónomas, debería actuar como órgano territorial en el que los deseos de estas autonomías se pudieran tratar. Lo cierto es que el Senado tiene poco peso y poder como tal y como queda reflejado en la Constitución Española y es por ello que los grupos autonómicos buscan sus respuestas en el órgano superior: el Congreso de los Diputados.
Muy criticado por muchos sectores de la política el Senado es calificado en muchas ocasiones como un problema y no como una solución, y numerosos colectivos piden su disolución. Lo reivindican por creer que se trata de un órgano ineficiente y que no tiene capacidad de decisión final, por lo que se trataría de un gasto para el Estado que no beneficia a la política española.
