El Consistorio incrementa un 32,9% las viviendas devueltas al uso residencial desde antes del Plan Reside y eleva las multas hasta 30.000 euros en la mayoría de los casos
El Ayuntamiento de Madrid recuperó en 2025 un total de 323 viviendas de uso turístico sin licencia para devolverlas al uso residencial. Además, dictó órdenes de cese para otras 315 y tramitó 117 sanciones económicas por operar sin título habilitante, según el informe de gestión de la Agencia de Actividades que se someterá este jueves a su Consejo Rector. El objetivo es frenar la proliferación de alojamientos turísticos irregulares y reforzar el cumplimiento de la normativa urbanística.
Las 323 viviendas recuperadas suponen un incremento del 10,2% respecto a 2024, cuando se regularizaron 293, y un 32,9% más que dos años antes, en el período previo a la aplicación del Plan Reside. El documento también recoge que se archivaron 137 expedientes al haberse restablecido la legalidad, tras dejar de destinarse esos inmuebles al uso turístico.
El área de Urbanismo combina medidas de cese de actividad con sanciones económicas y multas coercitivas. En 2025 se dictaron 502 resoluciones que derivaron en órdenes de cese y otras medidas disciplinarias. Se impusieron además 144 multas coercitivas de entre 1.000 y 3.000 euros para forzar el cumplimiento de las resoluciones administrativas.
El servicio de Inspección y Disciplina de la Agencia de Actividades recibió 1.408 denuncias relacionadas con viviendas turísticas, un 9% más que el año anterior. El número de inmuebles denunciados fue inferior al de 2024, cuando asociaciones vecinales presentaron escritos que afectaban a centenares de pisos.
La actividad inspectora se intensificó notablemente. En 2025 se iniciaron 607 expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística, un 23,8% más que los 490 incoados en 2024. Este aumento refleja el refuerzo de los recursos municipales destinados a vigilar este tipo de actividades.
En materia sancionadora, el Ayuntamiento impuso 117 sanciones por uso incompatible con la ordenación urbanística, un 27% más que el año anterior. De ellas, 110 alcanzaron los 30.000 euros, siete se fijaron en 20.000 euros y una llegó hasta los 60.000 euros. El endurecimiento de las medidas económicas contra la actividad irregular es evidente.
El punto de inflexión se sitúa en abril de 2024, cuando el Consistorio activó el Plan Reside, una estrategia integral para recuperar viviendas destinadas al alquiler turístico ilegal y devolverlas al mercado residencial ordinario.