Los fiscales piden al Supremo procesar a García Ortiz por filtrar datos sobre el novio de Ayuso
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada como acusación popular, ha solicitado al Tribunal Supremo que dé por concluida la fase de instrucción y procese al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En un extenso escrito remitido al magistrado instructor del caso, Ángel Hurtado, la asociación argumenta que existen indicios probatorios contundentes y refuerza sus acusaciones con las declaraciones de los implicados, testigos e informes policiales.
La APIF considera que los elementos procedentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se han visto ampliados con nuevas pruebas que, a su juicio, apuntan de forma directa a García Ortiz y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada. Ambos estarían implicados en la filtración de información confidencial extraída del expediente penal de González Amador, una actuación que el colectivo de fiscales enmarca como ajena a la legalidad y destinada a fines políticos.
Uno de los puntos más controvertidos del escrito es la acusación de que García Ortiz habría borrado información relevante de su teléfono móvil una vez supo que sería investigado por el Supremo. La APIF subraya que “nadie borra su inocencia”, en referencia a esta supuesta destrucción de pruebas, y lamenta que el fiscal general no facilitara voluntariamente esa información a la causa.
La asociación otorga especial relevancia al informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que atribuye a García Ortiz una “participación preeminente” en las filtraciones, especialmente en los días clave entre el 8 y el 14 de marzo de 2024. Según la documentación aportada, Rodríguez mantuvo en ese periodo comunicaciones frecuentes con varios fiscales, incluido el propio fiscal general, en el contexto de la nota de prensa que se difundió el 14 de marzo.
Además de pedir el procesamiento, la APIF ha solicitado nuevas diligencias para cerrar el círculo probatorio. Por un lado, reclama que la UCO analice si en el teléfono de García Ortiz aparecen números telefónicos de personas relevantes para el caso, como la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y varios periodistas.
Por otro, solicita al juez que requiera los tres expedientes de “dación de cuenta” que, según la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, debieron haberse tramitado ante la Fiscalía Provincial de Madrid, la Fiscalía Superior y la Fiscalía General del Estado. La APIF sostiene que la ausencia de estos expedientes o de sus correspondientes documentos digitales firmados podría constituir una grave irregularidad y una vulneración del deber de Protección de datos.
La asociación denuncia que el Ministerio Fiscal no ha colaborado activamente para esclarecer los hechos y acusa a la Inspección Fiscal y a la teniente fiscal del Supremo de proteger a sus superiores en lugar de investigar con objetividad. Lamenta que no se haya identificado a ningún otro posible responsable de los hechos, lo que, a su juicio, demuestra un sesgo corporativo y una falta de impulso para esclarecer la verdad.
Para la APIF, lo más preocupante es el tratamiento excepcional que habría recibido el expediente de González Amador, un ciudadano que, en el momento de los hechos, no tenía relevancia pública más allá de su relación personal con la presidenta autonómica. La asociación cuestiona la legalidad de la recopilación y divulgación de datos sensibles en este contexto, señalando que se trataría de “actuaciones paralegales” con motivación política.
