Los comercios afectados por las obras de la Línea 11 podrán solicitar ayudas de hasta 5.000 euros
Desde este sábado, los establecimientos comerciales y de servicios afectados por las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid podrán solicitar ayudas públicas para mantener su actividad económica. La medida, impulsada por la Comunidad de Madrid y anunciada el pasado mes de marzo por su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, contempla subvenciones directas de hasta 5.000 euros por beneficiario, con una dotación inicial de 500.000 euros para este ejercicio.
La orden, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), establece que podrán acogerse a estas ayudas las pequeñas y medianas empresas, así como empresarios individuales, cuya actividad esté ubicada en el entorno inmediato de las obras. Las zonas afectadas incluyen Barrios como Comillas, en Carabanchel; Madrid Río y Delicias, en Arganzuela; así como las inmediaciones de Atocha y Conde de Casal, todas ellas dentro del área de influencia directa de los trabajos de ampliación del suburbano.
El programa contempla una financiación del 100 % de los gastos considerados subvencionables, hasta un máximo de 5.000 euros por solicitante. Entre los conceptos incluidos figuran los gastos corrientes directamente asociados al mantenimiento del establecimiento, como los pagos de alquiler o hipoteca del local, así como los seguros vinculados a su actividad comercial o de servicios.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del sábado siguiente a la publicación de la orden, lo que otorga a los interesados hasta finales de mayo para tramitar su petición a través de los cauces habilitados por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
Aunque la dotación de 500.000 euros corresponde al ejercicio actual, el Gobierno regional ha adelantado su intención de prorrogar la medida con una cantidad equivalente en el año 2026, previendo así el impacto continuado que las obras puedan tener sobre los comercios del entorno. Esta actuación forma parte del compromiso autonómico con la protección del tejido económico local frente a los efectos de las grandes infraestructuras en desarrollo.
