El exalcalde de Brunete Borja Gutiérrez Iglesias declarado culpable de un delito contra los derechos cívicos
Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha encontrado culpable al exalcalde de Brunete, Borja Gutiérrez Iglesias (PP), de un delito contra los derechos cívicos.
Este veredicto surge tras el juicio relacionado con presuntas irregularidades en un plan urbanístico durante su legislatura de 2012-2015, según han confirmado fuentes jurídicas.
El exregidor y su concejal de Urbanismo se enfrentaron a las acusaciones el 22 de Mayo, acusados de ocultar un informe para favorecer intereses particulares del padre del edil en parcelas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Ambos negaron las acusaciones y rechazaron llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid. La sentencia final se conocerá mañana, cuando el tribunal citará a las partes implicadas.
Delitos y penas solicitadas
El fiscal ha solicitado una inhabilitación especial de tres años para ejercer cargos públicos en la administración local por el delito contra los derechos cívicos. Además, pide para el exalcalde una pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de dieciséis meses, con una cuota diaria de 20 euros, por un delito de infidelidad en la custodia de documentos.
Antecedentes judiciales
Este no es el primer enfrentamiento de Gutiérrez Iglesias con la justicia. En diciembre de 2020, la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó a dos años de prisión por un delito de cohecho, tras ofrecer favores a una edil de UPyD a cambio de su apoyo para su investidura en 2012.
Hechos juzgados
Según el fiscal, en diciembre de 2012, el arquitecto municipal emitió un informe a petición de los grupos de oposición, indicando un error en la clasificación de cuatro parcelas en la zona denominada 'Charco Poleo' dentro del PGOU de Brunete. El concejal de Urbanismo tenía interés indirecto en estas parcelas, ya que su padre era propietario de una de ellas. El PGOU las clasificaba como 'Suelo Urbano Consolidado', cuando debían ser 'Suelo Urbano No Consolidado'.
En abril de 2013, la secretaria del Ayuntamiento declaró que el informe del arquitecto no era concluyente y que no procedía la revisión del PGOU sin un informe definitivo. En junio de 2013, el arquitecto presentó un nuevo informe concluyente al concejal de Ordenación del Territorio, quien retuvo el documento sin seguir el procedimiento legal hasta después del pleno del 15 de enero de 2015.
Ocultación del informe
En febrero de 2014, el Grupo Municipal de UPyD presentó una moción para que en el Pleno de noviembre de ese año se aprobara una modificación puntual del PGOU para corregir los errores señalados. Sin embargo, la moción fue rechazada por todos los grupos excepto el proponente, ya que desconocían el nuevo informe del arquitecto.
El alcalde y el concejal negaron la existencia de este informe en los plenos, a pesar de ser conscientes de su contenido y de sus obligaciones. Según la Fiscalía, hasta la fecha del escrito de acusación, el Ayuntamiento no ha tomado medidas para corregir los errores detectados en el PGOU de Brunete.
Esta condena marca otro episodio en la carrera judicial de Borja Gutiérrez Iglesias y pone de manifiesto las tensiones y dificultades en la gestión urbanística del municipio de Brunete. La resolución final de la sentencia será crucial para determinar las consecuencias legales y políticas de estos hechos.
