Rodrigo defiende que Madrid cumple la Ley de Vivienda pero no aplicará zonas tensionadas
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha negado este jueves que su gobierno sea "insumiso" respecto a la Ley de Vivienda impulsada por el Ejecutivo central. Rodrigo ha insistido en que su comunidad y otras gobernadas por el Partido Popular (PP) cumplen la ley, aunque rechacen declarar zonas tensionadas, y ha reafirmado su postura en la Conferencia Sectorial de Vivienda celebrada en el Ministerio.
En un comunicado conjunto de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, los gobiernos populares expresaron su "rotundo rechazo" a las políticas de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, calificándolas de "fracasadas e inoperantes". Rodrigo ha subrayado que las comunidades del PP no están incumpliendo la ley, sino ejerciendo el derecho que les concede de no aplicar la declaración de zonas tensionadas, lo cual consideran perjudicial.
Rodrigo ha afirmado que las comunidades del PP llevarán "sus propias recetas" a la reunión, con la intención de cambiar el enfoque de las políticas de vivienda. El consejero destacó la importancia de fomentar la construcción de más viviendas, especialmente para los jóvenes, como la solución al problema. Anunció también que el PP presentará en los próximos días una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para proponer alternativas a las políticas actuales.
En cuanto a la intervención de los precios del alquiler, el consejero ha reiterado que se trata de una medida que "no funciona", citando ejemplos de capitales como París, Berlín o Barcelona, donde la limitación de precios ha reducido la oferta y ha aumentado los costes de la vivienda.
El comunicado conjunto de las comunidades del PP también ha rechazado las amenazas del Gobierno central de retirar los fondos estatales a las regiones que no cumplan con la Ley de Vivienda. Según las comunidades populares, esta medida supondría "un reparto desigual" de los recursos públicos y un condicionamiento ideológico. Los gobiernos del PP denuncian el "chantaje" de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y abogan por el diálogo y el rigor técnico para resolver el problema de acceso a la vivienda.
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