El Ayuntamiento de Alcalá investigará posibles conflictos de intereses en adjudicaciones del anterior gobierno socialista
La concejal de Seguridad Ciudadana, Recursos Humanos y Comercio de Alcalá de Henares, Orlena Rodríguez, ha anunciado en una rueda de prensa que el Ayuntamiento llevará a cabo una comisión de investigación y emprenderá acciones legales para aclarar posibles irregularidades en contratos adjudicados a familiares de dos concejales del anterior Gobierno socialista de la ciudad.
Rodríguez, que también es vicepresidenta de la Junta Municipal del Distrito II, explicó que esta decisión se toma tras haber recibido las conclusiones de dos informes reservados encargados por la actual administración.
Los hechos se remontan a la primera mitad de 2023, cuando se dio a conocer que durante la legislatura de Javier Rodríguez Palacios (2019-2023), se adjudicaron contratos a familiares de las concejalas Patricia Sánchez y Blanca Ibarra, quienes formaban parte de la Junta de Gobierno local que supervisaba dichas adjudicaciones. Según Rodríguez, las conclusiones de los informes indican que estos contratos podrían haber vulnerado la Ley de Contratos del Sector Público, específicamente el artículo 16, que prohíbe la contratación pública con familiares directos de cargos electos.
Comisión de investigación y acciones judiciales
Ante estos hechos, el actual gobierno municipal del Partido Popular ha decidido actuar por dos vías. Por un lado, se iniciará un procedimiento judicial para determinar las responsabilidades legales que puedan derivarse de estas actuaciones. Por otro, se convocará una comisión de investigación en el próximo pleno municipal, con el objetivo de aclarar las posibles Responsabilidades políticas y verificar si existió un conflicto de intereses en la adjudicación de los contratos.
Rodríguez detalló que la comisión tendrá tres objetivos principales: comprobar la existencia del conflicto de intereses, evaluar la implicación de las dos concejalas en la adjudicación de los contratos, y determinar si se inició el procedimiento legal requerido para abordar este tipo de conflictos, que debería haber sido gestionado por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento.
Críticas al PSOE y a Rodríguez Palacios
Durante su intervención, la concejal del PP criticó duramente al exalcalde Javier Rodríguez Palacios, señalando que, aunque ha sido habitual que pidiera explicaciones por temas menores, hasta el momento no ha ofrecido ninguna aclaración sobre este presunto caso de corrupción que le afecta directamente. "Queremos ver si está dispuesto a dar explicaciones por este presunto caso de corrupción", subrayó Rodríguez.
Asimismo, acusó al PSOE de mezclar "lo personal y lo familiar con los contratos públicos", recordando otros casos polémicos a nivel nacional que involucran a dirigentes socialistas. Finalmente, la edil afirmó que si se demuestra la culpabilidad en este caso, el exalcalde también debería asumir las responsabilidades correspondientes, incluyendo la posibilidad de dimitir.
Rodríguez concluyó la rueda de prensa respondiendo a las preguntas de los periodistas, confirmando que los contratos en cuestión llegaron a ejecutarse y que el importe total asciende a cerca de 40.000 euros. Además, explicó que la vía judicial se abrirá en los próximos días, en paralelo a la comisión de investigación.
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