La jueza abre juicio oral contra la exalcaldesa socialista de Móstoles por presunta prevaricación y malversación en el caso ITV
La jueza de Instrucción número 1 de Móstoles ha ordenado la apertura de juicio oral contra la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y ocho antiguos concejales del consistorio, todos acusados de presunta prevaricación y malversación de caudales públicos. Los hechos están vinculados al caso ITV, en el que se les atribuye la condonación indebida de una deuda superior a 2 millones de euros a la empresa concesionaria.
Según el auto judicial, Posse y los exediles deberán sentarse en el banquillo de los acusados por presuntamente haber incurrido en estos delitos. La resolución también establece una fianza conjunta de 817.453 euros para los imputados, destinada a cubrir posibles responsabilidades económicas derivadas del proceso judicial.
En abril, la Fiscalía del Área de Móstoles-Fuenlabrada presentó su escrito de acusación, solicitando una pena de doce años de inhabilitación para la exalcaldesa y los ocho exediles implicados, por un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal. En febrero, la magistrada encargada del caso ya había decidido continuar la tramitación de las diligencias previas contra once investigados, que incluyen además a un funcionario y a un empresario.
La magistrada ha destacado en su resolución que el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el 20 de octubre de 2020, bajo la administración de Posse, causó un "perjuicio obvio" a las arcas públicas. Este acuerdo, tramitado con carácter de urgencia, permitió la reducción del 50% de la deuda del concesionario, así como del canon anual, y aplazó el pago del resto de la deuda hasta 2040, con cuotas de 30.000 euros anuales.
La Fiscalía detalla en su escrito que los acusados aprobaron por unanimidad la reducción del 50% de la deuda de ITV Móstoles, S.L., el ajuste del canon anual a 60.000 euros y el aplazamiento del resto de la deuda hasta 2040, sin intereses ni recargos, distribuidos en cuotas anuales de 30.000 euros y una última de 15.000 euros. Este acuerdo se llevó a cabo a pesar del informe desfavorable del Interventor, quien había advertido sobre su ilegalidad, ya que "los créditos de derecho público son indisponibles por Ley".
Además, el escrito señala que, para simular legalidad, los acusados utilizaron un informe jurídico favorable emitido por Francisco Javier Torner, también acusado, quien no tenía autoridad para expedirlo. La adopción del acuerdo por la vía de urgencia eludió los informes obligatorios del Secretario General del Ayuntamiento y del Interventor, ambos opuestos a la propuesta.
La resolución subraya que, como resultado de estas acciones, los acusados causaron un perjuicio económico al Ayuntamiento de Móstoles, al condonar 615.000 euros de la deuda y reducir el canon a 60.000 euros anuales. Además, se destaca que la sociedad ITV Móstoles, S.L., administrada por la acusada Mónica Ramírez Moreno Manzanero, no solo se benefició del acuerdo, sino que promovió su adopción a sabiendas de su ilegalidad, mediante su solicitud al Ayuntamiento.
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