Sánchez amplía la querella contra el juez que investiga a su esposa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido ampliar la querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, quien instruye la causa contra su esposa, Begoña Gómez, por presunta corrupción y tráfico de influencias. Sánchez argumenta que las acciones del magistrado "contravienen la doctrina existente" y representan una "injusticia intrínseca".

Según ha adelantado 'El País', la Abogacía General del Estado, en representación del presidente, presentó este jueves un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitando la ampliación de la querella interpuesta inicialmente en julio. Esta reacción de Sánchez se produce después de que el 22 de agosto el juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, autorizara a las partes implicadas en la causa contra Begoña Gómez a acceder al vídeo de la declaración de Sánchez como testigo, realizada en el Palacio de la moncloa el 30 de julio.

En esa comparecencia, Sánchez se acogió a su derecho a no declarar, amparándose en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que permite a los cónyuges de los investigados no testificar. Pese a la solicitud de la Fiscalía para que no se distribuyera la grabación de la declaración, el juez Peinado rechazó la petición, argumentando que el vídeo "carece de cualquier utilidad material o procesal". El fiscal había advertido del riesgo de filtraciones inadecuadas si se entregaba la copia de la grabación a las partes, que incluyen a Manos Limpias y Vox.

El magistrado también señaló en su resolución que el "silencio" de Sánchez podría ser interpretado de diversas maneras, lo que ha generado controversia y ha llevado a la Abogacía del Estado a profundizar en sus críticas al considerar que las actuaciones judiciales en este caso buscan generar una "publicidad incompatible" con el régimen procesal aplicable.

En el escrito presentado esta semana, la Abogacía del Estado argumenta que las decisiones del juez Peinado "convierten un derecho procesal de ciertos testigos en una fuente infundada de inferencias con efectos procesales", y que estas decisiones se basan en interpretaciones "forzadas o artificiosas" de los principios legales y procesales. Además, la Abogacía sostiene que la grabación no debería existir, ya que la dispensa de declarar debería probarse por diligencia del secretario y no mediante un vídeo.

Por otro lado, la Abogacía critica que el conjunto de resoluciones del juez "tienden a forzar la puesta a disposición de las partes de una grabación que no debió existir" y considera que el verdadero objetivo de estas decisiones es su difusión mediática más que su eficacia procesal.

La Audiencia Provincial de Madrid tiene previsto decidir el próximo 30 de septiembre si el juez Peinado puede continuar investigando la causa contra Begoña Gómez, como han solicitado tanto la propia Gómez como la Fiscalía de Madrid. En la investigación se examinan los vínculos de Gómez con la Universidad Complutense de Madrid, donde dirigió una cátedra, y con el empresario Juan Carlos Barrabés, así como su conexión con Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, matriz de Air Europa, rescatada por el Gobierno durante la pandemia.