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Dávila pide a Ayala que "pare de boicotear" el proyecto del centro La Cantueña de Fuenlabrada

Dávila pide a Ayala que "pare de boicotear" el proyecto del centro La Cantueña de Fuenlabrada

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha exigido al Ayuntamiento de Fuenlabrada que "pare de boicotear" el proyecto de un centro de acogida para menores extranjeros no acompañados en La Cantueña. Dávila también ha pedido al consistorio que deje de buscar "excusas administrativas" para impedir el desarrollo de la iniciativa.


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El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha anunciado que retirará el precinto de las obras este viernes, cumpliendo con el auto del Juzgado Contencioso Administrativo número 24 de Madrid que suspendió cautelarmente el decreto municipal que paralizaba las obras. A pesar de esto, Dávila ha señalado que el Ayuntamiento sigue "buscando excusas administrativas" y "declarándose en rebeldía" para rechazar la presencia de estos menores.

Según Ana Dávila, el Ayuntamiento basa sus argumentos en recuperar unas instalaciones que "nunca fueron del Ayuntamiento" y que durante más de 20 años no mostró interés en utilizar. La consejera ha instado al Ejecutivo local a cesar el boicot y rechazar a los menores, recordando la obligación legal y moral de la Comunidad de Madrid de atender a estos jóvenes.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada, liderado por el alcalde Javier Ayala (PSOE), ha señalado que sigue en rebeldía contra la "prepotencia" de la Comunidad de Madrid y su insistencia en construir el macrocentro en Fuenlabrada. El consistorio ha presentado alegaciones al recurso del Gobierno Regional para defender los derechos de los vecinos y recuperar el espacio de La Cantueña, sobre el que hay un expediente de reversión abierto.

Javier Ayala ha solicitado la intervención del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para mediar en la situación. El Ayuntamiento critica que el modelo elegido por la Comunidad de Madrid contraviene las recomendaciones del Consejo de Europa y la ley regional de servicios sociales, argumentando que un macrocentro en una zona industrial no es adecuado para atender a menores.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid ha estimado las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad de Madrid, suspendiendo el decreto que paralizaba las obras. El juez ha dado un plazo de tres días al Ayuntamiento para presentar alegaciones antes de tomar una decisión definitiva.

La Comunidad de Madrid quiere habilitar el centro "lo antes posible" e invertir 6,9 millones de euros para crear un centenar de plazas de acogida, respondiendo así a las demandas del Gobierno de España respecto a los menores extranjeros no acompañados que serán trasladados a la región.

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