El ayuntamiento de Madrid acusa al Gobierno central de incumplir la ley de Memoria Democrática
El Ayuntamiento de Madrid ha afirmado que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, "renunció" a investigar una posible fosa con restos de 451 brigadistas en los terrenos de Montecarmelo, donde se planea construir un cantón de limpieza. Además, ha reprochado al Gobierno por "no cumplir" con la ley.
El Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento ha detallado que el 16 de febrero, el Gobierno central aprobó un gasto de 17.400 euros y adjudicó un contrato a una empresa para realizar sondeos arqueológicos en la parcela, mencionando una falta de documentación necesaria.
El 28 de febrero, la empresa adjudicataria solicitó al Ayuntamiento de Madrid una ocupación temporal del terreno para llevar a cabo el proyecto de investigación y localización mediante sondeos arqueológicos de los brigadistas internacionales del cementerio de Fuencarral. En su solicitud, adjuntaron el proyecto y especificaron que los trabajos durarían tres semanas, según fuentes del área.
Pocos días después, tras revisar la solicitud, el Ayuntamiento pidió a la empresa que, en un plazo de 10 días, definiera la superficie afectada y presentara la autorización específica para las actividades de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas, conforme a la Ley de Memoria Democrática.
Un mes más tarde, la empresa adjudicataria entregó un plano aproximado de la superficie a ocupar y la resolución de adjudicación del contrato por parte del Gobierno. Sin embargo, el Ayuntamiento afirmó que no se proporcionó la autorización requerida por la Ley de Memoria Democrática.
El 11 de abril, al no constatar que la empresa había aportado la autorización necesaria, el Ayuntamiento otorgó un nuevo plazo de 10 días. Desde entonces, no se ha recibido dicha autorización.
Como resultado, el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha declarado el desestimiento de la autorización de ocupación temporal de la parcela, debido al incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria y del Gobierno central de los requisitos legales establecidos en la Ley de Memoria Democrática, aprobada por el Ejecutivo en 2022. Ayer, el Ayuntamiento envió al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la resolución de desestimiento de esta propuesta.
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