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El Ayuntamiento de Madrid aprueba el Plan Especial para el control ambiental de usos en San Bernardo 41

 El Ayuntamiento de Madrid aprueba el Plan Especial para el control ambiental de usos en San Bernardo 41

La comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid aprobará este lunes el penúltimo paso para dar luz verde al Plan Especial de control ambiental de usos para el edificio situado en el número 41 de la calle San Bernardo.


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Este plan se impulsó tras la orden de cierre de los pisos turísticos en dicho inmueble, decretada por el Ayuntamiento el pasado enero.

Presentación del Plan Especial

El delegado del área, Borja Carabante, presentará este lunes el Plan Especial promovido por San Bernardo 41, S.A., con la intención de aprobarlo definitivamente y desestimar las alegaciones presentadas. La aprobación en la comisión es el paso previo al Pleno de Cibeles, donde se espera que el plan reciba el respaldo mayoritario del PP, asegurando así su aprobación final.

El pasado 25 de enero, el Ayuntamiento de Madrid decretó el cierre de los pisos turísticos en el edificio de la calle San Bernardo 41. El concejal socialista Antonio Giraldo explicó durante una comisión que en ese inmueble se llevaba a cabo la actividad de pisos turísticos de manera irregular. La empresa responsable de estos pisos turísticos está a nombre del presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta, según Giraldo.

Cuestionamientos a la Junta de Gobierno

Giraldo criticó que la Junta de Gobierno autorice planes especiales para el cambio de uso sin investigar adecuadamente la situación real del inmueble. Señaló que "nadie lo revisa, nadie va allí a ver si efectivamente el uso residencial se está dando". Además, indicó que, aunque en el plan que se hizo público se especifica que el uso del inmueble es residencial, en realidad se estaba utilizando para hospedaje, lo cual calificó de "mentira".

Denuncia y orden de cierre

El conocimiento del Ayuntamiento sobre la situación irregular en San Bernardo 41 se originó a partir de una denuncia de la Policía Municipal en enero. Tras la denuncia, el Ayuntamiento abrió un expediente, otorgó quince días de audiencia al promotor y posteriormente dictó una orden de cese de actividad. Esta acción refleja la respuesta del Gobierno municipal ante la actividad irregular detectada en el edificio.

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