Alarma por la creciente siniestralidad laboral en Madrid
Las alarmantes cifras de accidentes laborales en la Comunidad de Madrid, que suman 27 fallecidos en lo que va de año, han impulsado a los sindicatos UGT y CC.OO a exigir urgentes medidas preventivas.
Esta semana, el trágico fallecimiento de tres trabajadores ha desencadenado la alarma, destacando la urgencia de una correcta implementación de una cultura de prevención en las empresas.
La reciente serie de accidentes incluye el derrumbe de forjados en una obra en Fuencarral, que se cobró la vida de dos obreros, y la caída mortal de un trabajador en Boadilla del Monte debido al colapso de una claraboya. Frente a estos hechos, Leticia Fernández, secretaria de Salud Laboral de UGT Madrid, declaró que las cifras son "escalofriantes" y que es fundamental alertar sobre la necesidad de reducir estos incidentes.
Según Fernández, la prevención efectiva es más económica que enfrentar las sanciones por incumplimientos, aunque lamentó que muchas empresas opten por lo contrario. Reclamó además una actualización y cumplimiento riguroso de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Ana Casado peñas, de CC.OO., indicó que es inaceptable que las muertes en el trabajo sigan ocurriendo por la falta de cumplimiento de los procedimientos de seguridad. Ambos sindicatos han convocado una concentración en Cibeles para el próximo lunes, buscando presionar por medidas efectivas de prevención.
En contraste, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, liderada por Rocío Albert, destaca que la región tiene la tasa de siniestralidad laboral más baja de España, con un índice considerablemente inferior al promedio nacional, según datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Consejería señaló que está en vigencia el VI Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales, producto del diálogo con sindicatos y empresarios, quienes también reciben subvenciones para fomentar la seguridad laboral.
Este llamado a la acción por parte de los sindicatos resalta la discrepancia entre los avances normativos y la realidad diaria que enfrentan los trabajadores madrileños, subrayando la necesidad de una mayor inversión en control y prevención efectiva.
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