Admitida la querella de la pareja de Ayuso contra la fiscal jefe de Madrid

Admitida la querella de la pareja de Ayuso contra la fiscal jefe de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido admitir a trámite una querella presentada por Alberto González, pareja de la Presidenta del Gobierno Regional , Isabel Díaz Ayuso, contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto Torres. La querella se centra en una presunta Comisión de delito de revelación de secretos por funcionario, relacionada con la difusión de información sobre una investigación de fraude fiscal.


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La Sala ha designado al magistrado Francisco José Goyena Salgado como instructor de la causa, quien deberá investigar las alegaciones presentadas en la querella, así como determinar el verdadero alcance de los hechos. Esta decisión surge pese al informe de la fiscal María de la O Silva, quien recomendó no admitir la querella por carecer de relevancia penal. Cabe destacar que esta fiscal ha sido recientemente sustituida por el fiscal superior de Extremadura, Javier Montero.

Los hechos investigados involucran el intercambio de correos entre el abogado de González y el fiscal, que fueron divulgados públicamente por la Fiscalía de Madrid. El TSJM, en su resolución, ha argumentado que es necesario investigar más a fondo para determinar si realmente se ha vulnerado el deber de confidencialidad y reserva que rige las actuaciones penales.

La Sala discrepa del Ministerio Público, que argumentaba que los hechos descritos en la querella eran atípicos y que la divulgación de la nota informativa se realizó para contrarrestar ciertas informaciones ya conocidas y amparadas por la normativa orgánica del Ministerio Fiscal. El tribunal sostiene que es crucial explorar si se ha sobrepasado el límite legalmente permitido en el derecho a la información que posee el Ministerio Público, especialmente considerando la naturaleza reservada de las diligencias penales.

Este caso destaca la tensión entre la necesidad de transparencia y el derecho a la confidencialidad en las investigaciones penales, así como la protección de los derechos de los involucrados en dichas investigaciones.

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