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Ganar Móstoles pide seis años de cárcel para Noelia Posse

Ganar Móstoles pide seis años de cárcel para Noelia Posse

La formación política Ganar Móstoles ha solicitado una pena de seis años de prisión y quince años de inhabilitación para la exalcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, por supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Según la acusación, Posse habría exonerado a la empresa concesionaria de una deuda que supera los dos millones de euros.


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Actualmente, el caso se encuentra en una etapa intermedia. La jueza encargada del caso propuso inicialmente llevar a juicio a la exalcaldesa y a ocho ediles únicamente por prevaricación. No obstante, la acusación ha apelado ante la Audiencia Provincial de Madrid para que se considere también el delito de malversación.

La acusación particular enfatiza el daño económico infligido al Ayuntamiento, destacando la disposición indebida de fondos públicos que beneficiaban directamente a la empresa acusada. Subrayan la ilegalidad del acuerdo y argumentan que se debió rescindir la concesión, aplicando las penalidades correspondientes y reclamando la deuda con intereses y costes mediante procesos ejecutivos, además de convocar una nueva licitación para la concesión.

En relación a los hechos, el Área de Fiscalía de Móstoles-Fuenlabrada ha pedido doce años de inhabilitación para los procesados. En febrero, la jueza a cargo del caso dictaminó continuar con las diligencias previas, incluyendo a once investigados, entre ellos un funcionario y un empresario.

La magistrada ha remarcado el claro perjuicio a las arcas públicas debido al acuerdo adoptado el 20 de octubre de 2020 por la Junta de Gobierno Local, que aprobó de urgencia reducir al 50% la deuda del concesionario, disminuir el canon anual y aplazar el resto de la deuda hasta 2040.

La Fiscalía indicó que la declaración de urgencia permitió a los acusados aprobar una quita significativa de la deuda y una reducción del canon sin los intereses apropiados, a pesar de contar con un informe desfavorable del Interventor, el cual alertaba sobre la contrariedad del acuerdo con el ordenamiento jurídico.

Finalmente, los hechos resaltan que el acuerdo se tomó con conocimiento de su ilegalidad, pues los acusados habían sido previamente advertidos sobre la indisponibilidad legal de los créditos de derecho público, y procuraron dar una apariencia de legalidad al acuerdo sin contar con los informes preceptivos requeridos.

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