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El Gobierno regional manifiesta su sorpresa por los reparos de Ayala a ampliar las plazas para menores inmigrantes en Fuenlabrada

El Gobierno regional manifiesta su sorpresa por los reparos de Ayala a ampliar las plazas para menores inmigrantes en Fuenlabrada

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado recientemente una inversión de 6,9 millones de euros destinados al acondicionamiento de emergencia de un nuevo centro para menores inmigrantes no acompañados en el edificio La Cantueña, Fuenlabrada.


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El anuncio fue realizado por el Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, quien ha manifestado su sorpresa por las objeciones del alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), respecto a la ampliación de la red de atención a estos menores.

Este desarrollo surge en un contexto donde el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha expresado su descontento, argumentando que la decisión se ha tomado sin su conocimiento y que contraviene la normativa urbanística vigente. García ha explicado que la medida busca responder a la "presión" que enfrentan todas las comunidades autónomas debido a la política migratoria del Gobierno central, dirigido por Pedro Sánchez.

Durante la presentación de la Ruta de la Tapa Europea en Alcalá de Henares, el consejero enfatizó que el centro no solo servirá para acoger a los menores no acompañados, sino que también continuará beneficiando a los residentes de Fuenlabrada. Además, ha destacado el contraste en las reacciones locales, mencionando que la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet (PP), fue tildada de racista bajo circunstancias menos severas por solicitar más información y coordinación al Gobierno.

Por su parte, la alcaldesa Piquet ha criticado la falta de información y planificación sobre el manejo de la inmigración a nivel nacional, que sigue impactando a los municipios. Ha calificado como hipócrita la actitud del alcalde de Fuenlabrada y ha reiterado su compromiso de establecer un plan de seguridad y convivencia, en contraposición a la gestión del Gobierno de Sánchez.

Esta inversión y las reacciones suscitadas reflejan las complejidades y las tensiones políticas en la gestión de la inmigración en España, destacando las diferencias de enfoque entre administraciones locales y el gobierno central.

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