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Abusos sexuales en la Iglesia: la hipocresía del Gobierno

Abusos sexuales en la Iglesia: la hipocresía del Gobierno

El abuso sexual a menores, un crimen que deja un daño irreparable en las víctimas, es un problema grave en la sociedad y en instituciones como la Iglesia Católica. Este delito, que se produce en situaciones de superioridad, ha sido mal gestionado por la Iglesia, que solo ha actuado cuando se ha visto obligada a hacerlo. Sin embargo, se están tomando medidas para reparar el daño causado, como la creación de un Plan Integral de Reparación a las víctimas y la colaboración con el Estado en la prevención y reparación. A pesar de esto, el Gobierno ha aprobado un Plan para indemnizar a las víctimas de abusos en la Iglesia sin consenso y sin garantías jurídicas, lo que ha sido criticado. Además, se señala que la mayoría de los abusos no ocurren en instituciones religiosas, sino en otros contextos, por lo que se necesita un plan integral de lucha contra los abusos sexuales a menores en todos los ámbitos. La reparación no es solo un problema de dinero, sino que las víctimas necesitan acogida, escucha, apoyo y que se les pida perdón.

El abuso sexual a menores es un crimen escandaloso que produce un daño irreparable en cada una de las víctimas, que marca la vida de esas personas y que no se recupera con el perdón.


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Es también un abuso de poder porque los agresores se valen de una situación de superioridad. Las víctimas siempre son inocentes y casi nunca pueden defenderse. Es el único delito en el que el abusador se siente inocente y la víctima culpable. Cuando ESO se produce en el seno de una institución como la Iglesia Católica los abusos son un terremoto que merece publicidad y reparación, nunca ocultación y menos tapar a las víctimas. Y la Iglesia, no solo la española, ha tardado en pedir perdón y, en nuestro caso concreto, ha gestionado muy mal este problema al que solo se ha enfrentado cuando no le ha quedado más remedio porque otros lo han denunciado. El daño causado a las víctimas y el descrédito de la institución por este asunto han ido en paralelo.

Es cierto que, finalmente las cosas han cambiado bastante. La nueva cúpula de la Conferencia Episcopal está enfocando el asunto de otra forma, aunque encuentra resistencias, promoviendo un Plan Integral de Reparación a las víctimas y abriendo un diálogo franco con ellas. Hay más hechos concretos: el Proyecto Repara, nacido en la diócesis de Madrid y extendido a otras, viene trabajando seriamente en esta línea. El cardenal Cobo, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, ha dicho que "hay que colaborar con el Estado en la prevención y reparación". La Confederación Española de Religiosos viene haciendo un trabajo serio de colaboración tanto con el Defensor del Pueblo como con otras instituciones y actuando de manera integral en sensibilización, prevención y reparación a las víctimas.

En ese contexto, el Gobierno ha aprobado de forma unilateral un Plan para indemnizar a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia que plantea un acto público de reparación, el pago de indemnizaciones a cargo de la Iglesia haya o no denuncia o sentencia judicial y sin límite de tiempo, y algunas medidas de prevención. Lo hace sin consenso, sin que el informe del Defensor del Pueblo se haya debatido en el Congreso, sin ningún tipo de garantía jurídica, manejando cifras basadas en una encuesta que hasta el Defensor del Pueblo rechaza y con un señalamiento público y discriminatorio hacia la Iglesia.

Este Gobierno tiene varios comodines que usa cuando tiene problemas y le interesa desviar la atención. El de Franco, el de la Iglesia, el de los abusos... En este caso, reducir el tema de los abusos a los cometidos en el seno de la Iglesia Católica significa dejar fuera nueve de cada diez casos que se producen hoy en España y que no se dan en el seno de instituciones religiosas, sino, sobre todo, en la propia familia, en clubes deportivos, en fiestas populares, en centros de acogida, a través de las redes sociales o en otros lugares. El primer estudio realizado en seis países europeos, incluida España, concluye que el 35 por ciento de los niños han sufrido violencia sexual. ¿Todos en la Iglesia? Lo mismo se deduce de un análisis de sentencias judiciales, hecho por Save the Children. Estábamos a tiempo -¿todavía lo estamos?- de hacer un plan integral de lucha contra los abusos sexuales a menores, de unir esfuerzos contra esa lacra, de actuar en los colegios para dar más recursos de identificación y defensa de los menores abusados.

El Gobierno ha decidido, unilateralmente, utilizar el comodín y demonizar a la Iglesia. Y por muchas culpas que ésta tenga, que las tiene, así no se resuelve el problema. La reparación no es, sólo ni sobre todo, un problema de dinero. La mayoría de las víctimas no tienen intereses meramente económicos. ¿Cómo poner precio al destrozo físico, moral, emocional? Reclaman acogida, escucha, que les pidan perdón, que les apoyen, que los acompañen, que los victimarios no puedan reincidir. Lo que ha hecho el Gobierno es pura demagogia para no afrontar, como es urgente y necesario, un problema social de enorme gravedad que no sale a la superficie porque se tapa por vergüenza. No deberíamos permitir que jueguen con un tema tan serio.

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