Más Madrid pide procesar a Noelia Posse y a ocho exconcejales de Móstoles por malversación
Más Madrid ha presentado una solicitud ante la Audiencia Provincial de Madrid para que procese a la socialista Noelia Posse y a otros ocho exconcejales de la anterior Corporación Local de Móstoles por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
Esta petición se refleja en un recurso en el que se impugna el auto emitido el 11 de abril por el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles. En dicho documento, se rechazó el recurso de reforma presentado por Más Madrid contra la resolución que continuaba el procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado.
El partido considera necesario que se incluya el delito de malversación de caudales públicos en el auto de transformación, ya que argumenta que la Audiencia Provincial de Madrid no se ha limitado únicamente a calificar jurídicamente los hechos como un delito de prevaricación administrativa.
Más Madrid sostiene que existen suficientes indicios que hacen probable la comisión del delito de malversación de caudales públicos en relación con los hechos que han sido objeto de investigación desde el inicio. La jueza a cargo del caso emitió en febrero un auto en el que se acordaba continuar con las diligencias previas respecto a once investigados, incluyendo a un funcionario y un empresario. En dicha resolución, la magistrada destacó el perjuicio evidente causado a las arcas públicas como resultado de un acuerdo de la Junta de Gobierno Local de octubre de 2020.
Este acuerdo implicaba la reducción de la deuda del concesionario al 50%, la disminución del canon anual y el aplazamiento de la deuda restante hasta 2040, a razón de 30.000 euros anuales. La Fiscalía ha solicitado doce años de inhabilitación para los investigados, señalando que a través de la declaración de urgencia, se incluyeron y aprobaron por unanimidad medidas que implicaban una condonación de deuda y reducción del canon, entre otros aspectos, a pesar de las advertencias legales en contra. Además, se destaca que el acuerdo se adoptó sin los informes preceptivos y con la participación de personas que carecían de las facultades necesarias para respaldar legalmente la decisión. Estos hechos ocasionaron un perjuicio económico al Ayuntamiento de Móstoles, beneficiando a la sociedad ITV Móstoles, S.L., cuya administradora fue Mónica Ramírez Moreno Manzanero, según concluye la Fiscalía.
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