Investigado un exalto comisionado de la Cañada Real por el derribo ilegal de una vivienda

La jueza de Instrucción número 20 de Madrid ha citado al exalto comisionado de la Cañada Real de la Comunidad de Madrid para declarar en calidad de investigado. Se le imputa un delito de prevaricación en relación al derribo ilegal de una vivienda.

Esta decisión se encuentra en un auto en el que la magistrada ha acordado que Markel G. P. declare como investigado el próximo 17 de abril. La solicitud ha sido presentada por el fiscal y la acusación particular CAES, representada por el abogado Carlos Castillo y Alejandra Jacinto, exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid.

La citación se produce después de que el jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid compareciera bajo la misma condición de investigado el pasado mes de octubre. Julio C. S. señaló en su comparecencia que el excomisionado fue informado de manera incorrecta y que se procedió a la demolición sin más consultas.

La jueza ha rechazado la petición de la defensa de archivar el caso y ha mantenido a Markel G. P. como investigado, "a la espera de los resultados de las diligencias de investigación que aún están pendientes".

La magistrada está investigando una denuncia presentada por CAES por presuntos delitos de allanamiento de morada, daños, contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y prevaricación, entre otros.

El denunciante es un ciudadano marroquí que lleva décadas residiendo en España con un permiso de trabajo de larga duración. Desde 2004, ha establecido su domicilio en la parcela 203 del Sector 6 de la Cañada Real Galiana.

La vivienda tenía más de 20 años de antigüedad y se encontraba en una situación similar a otras casas antiguas en el Sector 6 de la Cañada Real, que no han optado por el proceso de realojo que se está llevando a cabo en la zona. Estos residentes consideran que se deben reconocer sus derechos adquiridos después de décadas de ocupación.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de su departamento de disciplina urbanística, abrió un expediente por construcción sin licencia, al igual que a muchas otras viviendas de la zona. El denunciante presentó alegaciones y un recurso contra la orden de demolición.

Según la denuncia, el expediente administrativo no podía resultar en el derribo de la vivienda sin haber concluido y sin haber elaborado un presupuesto de demolición previo.

A pesar de esto, la demolición tuvo lugar el 19 de julio de 2022, cuando el denunciante se encontraba de viaje en Marruecos. Algunos vecinos le informaron por teléfono de que su vivienda estaba siendo demolida por un grupo de trabajadores con una excavadora.

Al parecer, también derribaron una nave colindante e intentaron derribar las construcciones del huerto de la parcela 205, pero no pudieron hacerlo debido a la oposición de su propietario, quien informó de que había presentado un expediente en el departamento de disciplina urbanística.