Los funcionarios de Justicia denunciarán a la ministra Llop ante la Fiscalía del Supremo por vulnerar su libertad sindical

funcionarios de la Administración de Justicia han anunciado que denunciarán a la ministra Pilar Llop y al secretario de Estado, Antonio 'Tontxu Rodríguez', ante la Fiscalía del Tribunal Supremo al considerar que han vulnerado su derecho fundamental de libertad sindical y que han incumplido con su "deber" de convocar al comité de huelga.

"No obstante, como demostración de la voluntad del comité de huelga de negociar una solución acordada al conflicto en Justicia, hoy mismo se ha presentado un escrito a la Ministra en el que se exige la convocatoria inmediata del comité de huelga", han precisado los sindicatos de CSFI, STAJ, CCOO y UGT en un comunicado.

El anuncio tiene lugar en el marco de la huelga indefinida que empezaron el pasado 17 de abril con paros parciales y endurecieron el 22 de Mayo al pasar a paros totales para reclamar, entre otras cuestiones, una subida de hasta 430 euros brutos al mes para los 45.000 funcionarios.

Las negociaciones se mantienen congeladas desde el 24 de abril, cuando tuvo lugar la segunda reunión entre el comité de huelga y el Ministerio de Justicia que culminó sin acuerdo alguno. Desde entonces, los funcionarios se han manifestado periódicamente a las puertas del departamento que dirige Llop, frente al Ministerio de Hacienda y Función Pública, ante el Congreso de los Diputados y frente a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.

200 MILLONES DE EUROS

El comité de huelga reclama que se reanuden estas negociaciones. De hecho, han enviado cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para que intercedan ante el Ministerio de Justicia para retomar las conversaciones con la intención de poner fin a la huelga que mantienen pese al adelanto electoral.

En concreto, solicitan una subida salarial de hasta unos 430 euros al mes para los 45.000 funcionarios, en línea con la pactada con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y con jueces y fiscales. En cifras absolutas los incrementos se traducen en 46,7 millones de euros para los 8.000 miembros de la carrera judicial y fiscal y en 22,7 millones de euros para los LAJ. Ambos importes se quedan por debajo de los 200 millones de euros que exigen los funcionarios.

Además, solicitaban que se paralizase la tramitación de la Ley de Eficiencia Organizativa que, según los convocantes, el Ministerio Justicia quiere "imponer, sin negociar", poniendo "en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas".

Lo cierto es que tras el anuncio de elecciones anticipadas, tanto la Ley de Eficiencia Organizativa como las otras dos leyes de eficiencia --insignias del Ministerio-- quedan paralizadas con la disolución de las Cortes Generales. También quedan suspendidos otros textos impulsados por el equipo de Pilar Llop, como la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos.

MÁS MEDIDAS DE "PRESIÓN" AL GOBIERNO

En el marco del comunicado emitido este jueves, el comité de huelga ha asegurado que dirigirá un escrito al Secretario General, a los Secretarios de Gobierno y Secretarios coordinadores advirtiendo de que "no se va a aceptar ninguna presión para que un funcionario realice funciones que no están recogidas en la ley mientras que no se retribuyan adecuadamente y para que no se realice sin su presencia ninguna actuación que tenga que ser firmada por el/la LAJ".

Asimismo, los sindicatos han explicado que se va a extender el reparto de la guía de funciones para "explicar al ciudadano y al profesional las razones que llevan a no realizar un acto procesal sin la presencia del letrado o del juez tal y como exige la ley con independencia de que la costumbre anterior fuera que se hicieran sin su presencia". Han avisado de que "esta medida generalizada provocará una mayor lentitud en los trámites".

Por otro lado, el comité de huelga también ha precisado que contactará con los colegios de abogados, Procuradores y Graduados Sociales de cada ámbito territorial para "exponerles la ausencia de voluntad de negociación del Ministerio y acordar la publicación de una declaración exigiéndole al Ministerio de Justicia diálogo y la negociación para solucionar el conflicto".

Por último, ha advertido de que seguirá en "contacto permanente" para "acordar más medidas de endurecimiento de la presión sobre el Gobierno" que irán "anunciando en las próximas fechas".