Abren juicio oral contra Alberto Gómez, alcalde y candidato socialista en Galapagar, por acoso laboral a la secretara general del consistorio
El Juez de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Collado Villalba ha decidido iniciar un juicio oral contra el alcalde de Galapagar y candidato del PSOE a las elecciones, Alberto Gómez Martín, y otros tres altos cargos del Consistorio de esta localidad madrileña por la sospecha de que hayan cometido un delito de acoso laboral contra la secretaria general del Ayuntamiento.
Un auto emitido el 23 de mayo inicia un juicio contra el Primer Teniente, Felipe García Escobar, la Segunda Teniente, Rosa María Encuentra, y el Gerente de Servicios Generales del Ayuntamiento de Galapagar, Alfonso Garza Andrade.
Fuentes municipales señalan que no entienden que se haya abierto "a dos días de las elecciones y habiendo sido archivado en primera instancia". Pese a ello, se muestran convencidos de que se volverá a archivar y creen que es "una cortina de humo para no hablar de los dos salarios públicos que la candidata y diputada del PP se ha estado llevando de manera irregular como así dice el informe del secretario".
El fiscal pide un año de encarcelamiento para los acusados y una compensación de 2.000 euros por los daños morales, declarando a los procesados como civilmente responsables.
La acusación particular pide dos años de encarcelamiento para cada uno y la inhabilitación para votar durante el periodo de la sentencia. Además, solicita una indemnización de 11.820,99 euros por los daños morales.
María del Pilar A.A. era la secretaria general del Ayuntamiento y el alcalde en funciones, Daniel Pérez Muñoz, aprobó su solicitud de habilitación nacional de la subescala de Secretaria Clase 1 mediante un Decreto de la Alcaldía el 3 de junio de 2019, permitiendo su prolongación en el servicio.
El 11 de marzo de 2021, los acusados se reunieron con la afectada para pedirle que renunciara a la extensión de su servicio activo, ya que tenía más de 65 años. La persona afectada se opuso a esta petición y expresó su deseo de seguir trabajando hasta los 70 años.
Según la denunciante, los acusados reaccionaron con "desconsideraciones morales, comentarios vejatorios y degradantes", acusándola de "no cumplir con sus funciones". Frente a ello, se sintió "humillada y descalificada".
De igual modo, la funcionara denunció que con anterioridad a 2021, ya fue objeto de "continuas interferencias e injerencias" en sus tareas profesionales, solicitando la realización de funciones que no iban con su cargo.
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