Solicitan 13 años de inhabilitación para el alcalde de Moralzarzal por un presunto delito de prevaricación

La Fiscalía de Madrid solicita trece años de inhabilitación para el alcalde de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna (Vecinos por Moralzarzal) y para Susana Villareal, exedil de Urbanismo, Medioambiente y Obras de la Corporación Local, debido a un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa, como consecuencia de una denuncia presentada por el PP en relación con la contratación en el Ayuntamiento del municipio.

La acusación indica que durante los años 2016 y 2017 el alcalde y la ex concejal abusaron de la figura del contrato menor de servicios, ya que lo utilizaron en más de la mitad de las contrataciones realizadas por la corporación. El juicio tendrá lugar el próximo martes en la Audiencia de Madrid.

La denuncia hace referencia a contratos firmados durante la primera legislatura con Vecinos por Moralzarzal Participa! al frente del equipo de Gobierno relacionados con inversiones y mantenimiento de edificios públicos, de zonas ajardinadas y otros suministros, campañas de publicidad u otros, "en los que los contratos menores excedieron el límite cuantitativo que marca la ley".

"Confío plenamente en la Justicia de este país, ya que precisamente el acto del juicio oral que se celebrará a finales de abril servirá para acreditar mi inocencia y aclarar que en ningún momento he cometido delito alguno", manifestó al respecto el regidor en un comunicado cuando se destapó el caso.

Así, insistió en que todas las decisiones tomadas en materia de contratación se han hecho "con el conocimiento y asesoramiento de los funcionarios municipales y en ningún caso se tomó decisión alguna a sabiendas de su ilegalidad".

"Tengo la conciencia muy tranquila y nada que ocultar como lo prueba el hecho de que, incluso en fase de instrucción, solicité al Juzgado que se me tomase declaración sobre parte de las contrataciones que están siendo investigadas, cosa que a día de hoy todavía no se ha hecho", ha sostenido.

Según la Fiscalía, el regidor y la exedil se aprovecharon de que para su celebración no era necesario un proceso público de licitación, así que "eludieron de forma intencionada la normativa vigente en materia de contratación administrativa que exige el respeto a los principios de publicidad, transparencia y libertad de acceso a las licitaciones, privilegiando a unas empresas frente a otras respecto de las que se conculcó la igualdad de trato que debe regir en la contratación dentro del sector público".

Además, los acusados eludieron también el trámite normativo en materia de aprobación de gasto "de forma tal que la práctica habitual en el Ayuntamiento tras la presentación de factura por ciertas empresas fue la de retención del crédito sin ser aprobado, bastando con una propuesta de gasto por las distintas Concejalías, lo que se hizo, entre otras, en la Concejalía de Urbanismo y Medioambiente con el beneplácito del Sr.Alcalde".

De esta forma, la mayor parte de los contratos menores de servicio y suministro que se firmaron en este periodo de tiempo suscritos por los acusados "excedieron el límite cuantitativo del mismo, no obstante lo cual, ambos los aprobaron con facturas fraccionadas".

Y es que, aunque se presentaron contratos con idéntico objeto y unidad funcional y las facturas se giraron a favor de la misma persona, "no se sumaron los importes para adaptarlos a la normativa vigente sino que cada factura se aprobó de forma independiente burlando la normativa existente y perjudicando al resto de empresas aspirantes a la prestación del servicio".

Pese a que fue advertido de la irregularidad normativa por el Vicesecretario Interventor del Ayuntamiento, "quien formuló reparo de legalidad", el alcalde no modificó su política de contrataciones. En total, la Fiscalía aprecia delito en cinco supuestos.

Por ejemplo, en 2016 J. C. R. O. aprobó varios contratos de servicios y suministros de menor importe con un total de 45.382,17 euros que se destinaron a un mismo propósito: el mantenimiento de edificios públicos.

A pesar de la identidad en el objeto de los expedientes de contratación (mantenimiento de edificios públicos), se aprobaron por separado "superando notablemente el máximo de 18.000 euros". En concreto, se emitieron cuatro facturas que sumaban en total los 45.382,17 euros, sin que ninguna de ellas superara los 18.000 euros.