No es una reforma, es un atraco

El Gobierno aprobó el jueves en un Consejo de Ministros extraordinario la que han llamado reforma del Sistema Público de Pensiones. Con casi tres meses de retraso sobre lo prometido a la Comisión Europea, el ministro de la Seguridad Social nos contó, en la rueda de prensa posterior a la reunión, que por fin España iba a contar con un sistema robusto, sostenible, solidario y duradero en el tiempo.

No aportó la memoria económica, pero se sabe que la llamada "reforma" no es más que un atraco a trabajadores y empresarios en forma de subida de cotizaciones sociales. Es decir, el Gobierno ha optado por aumentar los ingresos en lugar de por reducir el gasto. Penalizar el empleo y los sueldos a partir de 90.000 euros anuales a los que les clava un 7% de subida de la cotización.

Hay que tener claro que las cotizaciones en España son unas de las más altas de la OCDE y que eso era lo que pensaba hace apenas unos años el ministro que ahora sube las cotizaciones, como única fórmula para solucionar los graves problemas que presenta el sistema de pensiones, tantas veces parcheado y al que ningún gobierno le ha querido de verdad hincar el diente y poner blanco sobre negro la solución. Menos lo iba a hacer Sánchez en un año electoral y, más grave todavía, contando con la complicidad de la Comisión Europea que está literalmente echada al monte pensando únicamente en las elecciones del 24 y en llevarse bien con todo el mundo.

Basta recordar los primeros papeles que sobre las pensiones envió el propio Escrivá a Bruselas y que nada tienen que ver con lo remitido ahora. Además, el Gobierno piensa aprobar esta "reforma" vía decreto y sin contar con los empresarios, que son los que van a pagar el esperpento de mantener un gasto que es ya el 13,7% del PIB y que acumula una deuda de más de 100.000 millones. Un engaño, una artimaña más que pagaremos todos, pero muy especialmente los futuros pensionistas. Una patada adelante que como mucho durará un año o dos y que se aprobará sin el consenso de la mitad del Congreso, contrariando lo que se fijó en su día en el Pacto de Toledo.