Los sindicatos registran un "plan de mínimos" con líneas rojas en la negociación sobre los centros 24H

Los sindicatos registran un "plan de mínimos" con líneas rojas en la negociación sobre los centros 24H

Los sindicatos CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional y SATSE han registrado este martes en la Consejería de Sanidad un "plan de mínimos" con una serie de líneas rojas para retomar la negociación sobre la urgencia extrahospitalaria en la Comunidad de Madrid que pasa, entre otras cuestiones, por el refuerzo de las plantillas en todas las categorías, médicos presenciales para todos los centros 24 horas y la recuperación de la jornada laboral de 35 horas.


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En un comunicado conjunto, los cuatro sindicatos han explicado las alegaciones al quinto plan presentado por el Gobierno Regional para la reordenación de los servicios de urgencias de Atención Primaria, que contemplaba 49 centros con equipo completo (médico, enfermera y celador), a los que se suman el CUE de El Molar y la Casa de Socorro de Alcalá, y el resto, 29, sin facultativo presencial.

"Hemos diseñado un plan alternativo al que nos remitió la Consejería de sanidad; un plan de 'mínimos' cuyo cumplimiento por parte del Gobierno de Ayuso sería lo único que conseguiría que el conflicto en la sanidad pública no fuera a más", han concretado.

En este sentido, en este documento defienden que deben los centros de urgencias de Atención Primaria "deben reabrirse en su totalidad, con la dotación de personal multidisciplinar cerrada en los compromisos adquiridos con la Consejería de Sanidad y que fueron incumplidos por ésta". Se refieren así al documento de compromisos firmado con el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero que permitió la desconvocatoria de la huelga para finales de octubre y del que se desmarcó el sindicato médico Amyts, convocante de varias huelgas para médicos y pediatras.

En este sentido, han insistido en reclamar la contratación de más personal para atender a la ciudadanía en los centros de salud y retomar "el olvidado Plan de Urgencias y Emergencias de la Comunidad de Madrid", "obsoleto" desde el año 2007. "Nuestras propuestas van más allá de lo que son los servicios de urgencias extrahospitalarias, ya que la situación en la Atención Primaria y Hospitalaria también es crítica y los efectos colaterales de este "caos" generado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y su maltrato a los y las profesionales del sector, alcanza ya a todos los niveles de la sanidad pública", han recalcado.

Entre otras, también retoman la exigencia de la jornada laboral de 35 horas semanales para el personal sanitario, algo que "aliviaría la sobrecarga" de trabajo de las plantillas, "aumento de las plazas de personal en el turno de tarde, cobertura de plantillas del 100% en todas las categorías profesionales y ratificación del acuerdo de riesgos psicosociales, por el que, entre otras cosas, se garantiza tiempo de consulta por paciente y un tope de pacientes por profesional/día".

"El deterioro de la sanidad pública madrileña y de las condiciones laborales de sus profesionales, la falta de personal y la falta de inversión en la mejora de las infraestructuras sanitarias, entendemos que tiene unas consecuencias nefastas sobre la calidad de la atención asistencial a la ciudadanía. Por ello, no podemos permitir que continúen creciendo las listas de espera, en las que casi un millón de madrileños y madrileñas aguardan a ser intervenidos quirúrgicamente, a que se les haga una prueba diagnóstica o a que les pueda ver un especialista para tratar o diagnosticar su enfermedad", han explicado.

Finalmente, han recalcado que, en cualquier caso, "la puesta en marcha de este proyecto no deberá afectar en nada a los centros de salud, ni en su funcionamiento ni en su organización interna u horarios".

"Para nuestras organizaciones sindicales es muy urgente revertir todo el daño personal que se ha hecho a los y las profesionales por la mala gestión de los recursos humanos por parte del Gobierno regional. Está en nuestro ánimo intentar resolver éste conflicto lo antes posible y para ello es necesario el cambio de orientación del proyecto de la Consejería de Sanidad para garantizar los derechos de todas las partes afectadas", concluyen.

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