Soto del Real, la cárcel más peligrosa de España para trabajar

Soto del Real es la cárcel española más peligrosa para trabajar, ya que se han registrado desde 2015 un total de 104 agresiones, 18 de ellas en los primeros nueve meses de este año, según datos oficiales proporcionados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Así, en Madrid V se han computado en estos años 8 agresiones más que en el segundo centro penitenciario con más agresiones, Puerto III, en Cádiz, con 96 agresiones en el mismo periodo. Le sigue otro Penal madrileño, Madrid VII-Estremera, con 86 agresiones a funcionarios, 10 de ellas este año.

Menos peligrosas para los empleados públicos han sido las cárceles de Madrid I-Alcalá de Henares, con 17 agresiones desde 2015, aunque 6 de ellas este año; Madrid II-Alcalá de Henares, con 19 ataques, 3 de ellos en 2022; Madrid III-Valdemoro, con 30 agresiones, 1 este año; Madrid IV-Navalcarnero, con 37 agresiones, 2 de ellas en 2022; y Madrid VI-Aranjuez, con 38 agresiones, 7 este año.

IMPORTANTE AUMENTO DE AGRESIONES EN 2022

Según datos oficiales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en los nueve primeros meses del año 2022, hasta el 30 de septiembre, se computan en toda España un total de 310 agresiones a empleados públicos penitenciarios por parte de la población reclusa. Ello supone una ratio de más de una agresión diaria en las cárceles dependientes del Ministerio del Interior en ese periodo.

Así pues, hasta final del mes de septiembre del año 2022 se ha convertido en el más violento de los últimos 8 años. De seguir la tendencia de los nueve primeros meses podría acabar el año superándose la cifra de 400 agresiones, según augura la asociación profesional 'Tu Abandono me puede matar' (TAMPM). En 2021 fueron 159, 176 en 2020, 223 en 2019, 305 en 2017, 359 en 2016 y 341 en 2015.

Según señala esta asociación, a finales de 2017 la Secretaría General aprobó un protocolo específico para contabilizar las agresiones a los funcionarios de las prisiones españolas con un criterio distinto al del resto de la Administración general del Estado. "Con ello se conseguía blanquear los totales y que insultos, amenazas de muerte, empujones, escupitajos o tocamientos, si no dejan marca física que se pueda reflejar en un parte médico, no se contabilizasen", critican.

Así, tras superarse las 300 agresiones anuales en el trienio 2015-2017, la nueva forma de contabilización de las agresiones diarias que se sufren por los trabajadores penitenciarios hizo que en los años 2018 y 2019 no llegaran a las 250.

Posteriormente, en los años 2020 y 2021 se han visto reducidas estas agresiones debido al cierre que han sufrido las instalaciones penitenciarias en cuanto a entrada de personas ajenas a la institución y la restricción de comunicaciones con familiares a causa de la pandemia. "Ello provocó que se limitase casi en su totalidad durante periodos prolongados la entrada de sustancias estupefacientes que son el origen de muchas de las situaciones de peligro que se sufren en los penales del país", señala la asociación.

HISTÓRICO DE AGRESIONES "MUY PREOCUPANTE"

El total de agresiones sufridas, según datos oficiales del propio Ministerio, en el periodo de los noventa y tres meses que van desde enero de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2022, los funcionarios de prisiones han sufrido más de 2.096 agresiones.

"Una cifra que nos lleva a la conclusión de que en los últimos 8 años cada 32 horas un trabajador penitenciario sufre una agresión en nuestro país. Este intervalo de tiempo se ha reducido en lo que va de año produciéndose una agresión cada 21 horas", calculan.

Con esta situación, TAMPM denuncian que a pesar de que muchos profesionales tienen reconocida la condición de agentes de la autoridad en el desempeño de sus funciones, los funcionarios de prisiones es uno de esos colectivos "que nadie se imaginaría que no tengan reconocida tal condición y el Gobierno Central no entendido que sea una prioridad a atender, o por lo menos eso se desprende de los datos y hechos analizados".

La proposición de Ley que dotaría a los funcionarios de prisiones de la condición de agentes de autoridad fue presentada el 24 de julio de 2020, hace más de dos años. Y calificada el 2 de septiembre de ese mismo año.

Desde entonces hasta el 29 de marzo de 2022, fecha en la que se votó la toma en consideración en la Cámara Baja, ha habido muchas agresiones hacia los funcionarios de prisiones. "Este año y medio de tener 'guardada en el cajón' la proposición de ley da una idea de lo prioritario que son para este Gobierno los funcionarios de instituciones penitenciarias", critica el sindicato en una nota de prensa.