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La Consejería de Familia, Juventud y Política Social aumentará en 2023 su presupuesto un 11,8% hasta los 2.450 millones con 150 para residencias

La Consejería de Familia, Juventud y Política Social aumentará en 2023 su presupuesto un 11,8% hasta los 2.450 millones con 150 para residencias





La Consejería de Familia, Juventud y Política Social aumentará su dotación presupuestaria en 2023 su presupuesto un 11,8% hasta los 2.450 millones de euros, de los que 150 irán a residencias.

Concretamente el aumento respecto a los fondos del pasado año es de 257,9 millones de euros, según ha señalado el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, durante la presentación del proyecto de Presupuestos regionales para 2023 aprobados este miércoles por el Consejo de Gobierno.

Entre los objetivos de esta cartera estarán reducir el impacto de la crisis económica en "los más desfavorecidos". En ello enmarcan los fondos de las residencias, que experimentan un aumento del 23,9% respecto a 2021 y un 41,9% frente a los de 2021.

Para la atención a personas mayores se ha presupuestado para el próximo año 714 millones de euros, 110 más que el pasado ejercicio e incluye desde las ayudas a su atención, a los centros AMAS o las plazas de atención

Dependencia, por su parte, tendrá 558,4 millones --72 más que el ejercicio anterior-- para cubrir las ayudas a domicilio y las prestaciones económicas. Mayores y dependencia concentran la mitad del presupuesto total del área.

Las siguientes partidas por volumen son las de discapacidad --406 millones (+2,6%)-- y Familia y Menor. Esta incluye el Plan de Natalidad que pasa de 30,6 a 50,7 millones de euros, un 77,9% más.

La Estrategia de Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad y la Conciliación 2022-2026, duplicando, por ejemplo, el presupuesto destinado a las ayudas para madres menores de 30 años (40,7 millones).

También contemplan la partida para que la Comunidad de Madrid incremente hasta un 40% la cuantía de la Renta Mínima de Inserción (RMI) a partir del próximo año para que las familias vulnerables de la región que no cumplen los requisitos establecidos en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) reciban un importe equiparable al que perciben los que sí cobran la ayuda estatal.