La Comunidad recibirá 62,7 millones para la transformación digital de las administraciones
La Comunidad de Madrid recibirá más de 62,7 millones de euros para la transformación digital y modernización de las administraciones públicas en los ejercicios 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha aprobado la distribución de fondos entre las Comunidades Autónomas de un total de 460.372.255 euros que conformarán los créditos presupuestarios destinados a estas partidas a nivel nacional.
De este modo, la inversión que recibirá la Comunidad de Madrid alcanzará los 33.202.664,05 euros en el presente año y los 29.565.536,4 euros en 2023. En cualquier caso, está pendiente de su aprobación definitiva en la Conferencia Sectorial de Administración Pública.
El pasado 21 de mayo de 2021, a través de la Secretaría de la Conferencia Sectorial de Administración Pública (CSAP), se remitió a las comunidades y ciudades autónomas una manifestación de interés en relación con las actuaciones financiables del programa de inversión, con el objetivo de definir los proyectos financiables por el Plan de Recuperación en materia de digitalización y modernización de las administraciones públicas.
A tal efecto, se han identificado las siguientes líneas estratégicas de inversión por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En este sentido, la Comunidad de Madrid recibirá 32.822.568,43 euros entre 2022 y 2023 para llevar a cabo proyectos centrados en las cinco primeras líneas de inversión: Administración orientada a la ciudadanía, Operaciones inteligentes, Gobierno del dato, Infraestructuras digitales y Ciberseguridad.
Mientras, los 29.945.632,02 euros restantes irán destinados a actuaciones en materia de sanidad, contempladas en la sexta línea de inversión.
Para asegurar un adecuado seguimiento de las actuaciones, las comunidades y ciudades autónomas deberán proporcionar la información relativa a los diferentes proyectos de inversión propuestos, así como información sobre las previsiones para el cumplimiento de los objetivos en materia de reducción de la temporalidad en el Empleo público.
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