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La Audiencia de Madrid confirma la inhabilitación al exjefe de Seguridad del Ayuntamiento por prevaricación

La Audiencia de Madrid confirma la inhabilitación al exjefe de Seguridad del Ayuntamiento por prevaricación

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena a 21 meses de inhabilitación para ejercer como cargo público al exjefe de seguridad del Ayuntamiento de Madrid en los mandatos de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella por un delito de prevaricación por no resolver hasta siete expedientes de sanción a un oficial de la Policía Municipal, lo que llevó a su prescripción.

Así consta en una sentencia en la que los magistrados desestiman el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid, en representación de José Pablo Escudero Pérez, contra la sentencia dictada el 14 de marzo de 2022 que ahora se confirma.

El caso lo llevó en 2015 la Asociación de Policía Municipal Unificada (A.P.M.U.) a los tribunales por supuesto trato de favor a un oficial de la Policía Municipal de Madrid. Le acusó de archivar los expedientes sancionadores contra el jefe de la Policía Municipal de Centro Sur, el oficial Juan Manuel González Muñoz.

Escudero fue jefe de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid entre 2004 y 2015, siendo cesado por Manuel Carmena. En 2016, fue nombrado jefe de División de Metro de Madrid.

En los hechos probados se relata que, al menos entre noviembre de 2010 y enero de 2011, ostentaba el cargo de director general de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, por el que tenía atribuida "la competencia para el ejercicio de las facultades disciplinarias respecto del personal que usara armas y la imposición de las sanciones correspondientes".

En tal condición, el acusado recibió hasta siete expedientes disciplinarios incoados a un oficial de Policía Municipal, a instancia del jefe de la Subinspección de Distritos y a los que se incorporaban las correspondientes propuestas de sanción formuladas por el inspector jefe de Asuntos Internos por una falta leve.

El acusado, "haciendo dejación deliberada de la competencia que tenía atribuida en materia disciplinaria, sin realizar tramitación ni dictar resolución alguna, ordenó la devolución al remitente de los expedientes recibidos, que se verificó el 31 de enero de 2011, con la consecuencia de que se produjo la prescripción de las siete supuestas faltas, debido al tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos sin trámite que la interrumpiera".

La resolución recoge que el presente procedimiento ha estado paralizado a lo largo de diversos periodos, que alcanzan un total de cinco años y dos meses de detención en el trámite; entre su incoación y la celebración del juicio oral, la causa ha tenido una duración total de seis años y nueve meses que no es proporcional a la moderada complejidad de su objeto".

CONTRARIO A LA NORMATIVA

Los magistrados señalan que "la omisión deliberada en la que incurrió el acusado fue manifiestamente contraria a la normativa vigente que, de modo inequívoco, le imponía actuar y resolver los expedientes que recibió en materia de su competencia".

"La omisión tuvo implicaciones relevantes, gravosas e irreparables, al ser determinante para la prescripción de las supuestas faltas, impedir a los afectados o interesados conocer los motivos de la decisión adoptada, y privarles de la facultad de recurrir", subraya la Sala.

En este punto, insiste en que se está ante "una actuación claramente dolosa, teniendo plena conciencia de que no resolvía, contrariando el ordenamiento jurídico, y de que ocasionaba un resultado materialmente injusto, actuó de tal modo porque quiso este resultado y antepuso el contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración, esto es con intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto no realizado, o sea concurriendo los elementos propios del dolo".