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Las cámaras de seguridad no son suficientes para condenar a un trabajador de estafa continuada

Las cámaras de seguridad no son suficientes para condenar a un trabajador de estafa continuada

El abogado penalista Juan Gonzalo Ospina demostró ante la Audiencia Provincial de Madrid las inconsistencias en las acusaciones de una empresa que pedía seis años de cárcel para un ex trabajador de la misma.

Entre el 5 de septiembre de 2018 y el 9 de abril de 2019 el departamento de seguridad de una macroempresa de venta de ropa y complementos alertaba desde sus oficinas en Suecia a una trabajadora del departamento de seguridad en Torrelodones que “detectan transacciones realizadas a través de un número de usuario, siempre el mismo, que realizaba muchas reimpresiones de tickets”, una opción que solo tienen los responsables de la tienda, orientada a realizar la devolución “en efectivo” que se produce cuando el ticket de compra “no ha caducado”. Abonando por tanto la cuantía en metálico, refiere la trabajadora.

En base a ello, y una grabación con cámara oculta donde interpretan ver a uno de los encargados de la tienda apropiarse de dinero en metálico, la empresa encomienda a sus servicios jurídicos acudir a la vía judicial por un delito continuado de estafa con abuso de confianza, por el que piden 4 años de prisión para el ex empleado, 2 años más por un delito continuado de apropiación indebida y el pago de una multa por un delito continuado de hurto.

La estrategia de defensa

El acusado, quien negaba ser el autor de los hechos, venía desempeñando sus labores profesionales para la empresa en diversas tiendas, incluso fuera de España, pero cuando no pudo por razones familiares desplazarse fuera del país, le destinaron a la tienda de Torrelodones, donde hasta su despido ocurrido en 2019 realizó sus tareas como jefe de sección. Ante tal acusación contrató los servicios del abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, con amplia experiencia en casos frente a la Audiencia Provincial, quien quiso acentuar los extraños motivos de este juicio, dado que la empresa reconoció en septiembre de 2019 la improcedencia del despido, dando por hecho que el acusado no cometió los delitos de los que se le acusaba, y ahora le acusaba de los mismos hechos, refirió el letrado quien reiterando la presunción de inocencia de su cliente abordó cada una de las acusaciones lanzadas desde la parte contraria.

El abogado centró sus primeros movimientos en demostrar los graves errores de los sistemas de seguridad interna de la empresa, ya que algunos de los tickets impresos supuestamente por su cliente estaban realizado a las 20 horas, cuando su horario de trabajo no superaba las 16 horas, apuntalando la conducta de su representado con el testimonio de su propio supervisor, quien afirmó que jamás detectó irregularidad alguna en el acusado.

El abogado no quiso tampoco dejar de destacar que la acusación no ha aportado tickets originales a la causa, sino que se trata de fotocopias, y “según reiterada jurisprudencia de esta Sala, las fotocopias no tienen el carácter de documentos a efectos casacionales”, debido a la desconfianza existente sobre su posible alteración, siendo susceptibles de ser modificadas o corrompidas sin que existiera garantía de autenticidad.

Pero la acusación centraba su señalamiento en las grabaciones que presentó en las dependencias de la Guardia Civil, donde se personó personal de la empresa para formular denuncia por lo que manifestaba era un comportamiento irregular de un trabajador de la mercantil denunciante. “Se produjo un visionado de un USB y por ello se estimó que podía haber irregularidades porque cogió un billete de 50 euros y lo metió en otro cajón y no en la caja registradora”, declaró el agente encargado del expediente, quien testificó qué “no vio que se lo metiera (el billete) en el bolsillo”. Y esta era justamente la pieza clave de la línea de defensa, ya que el abogado defensor considera que el vídeo demuestra los protocolos de seguridad de la tienda, y donde se observa a su representado sacando dinero de la caja registradora para guardarlo en un cajón anexo tal y como la propia empresa reconoció que se debe hacer; pero principalmente destacaba el letrado de Ospina Abogados, considerado uno de los mejores despachos penalistas de Madrid, la ausencia de cualquier prueba que señalara a su cliente de las duras acusaciones que se cernían sobre él, y por lo que reiteraba, en base al principio “in dubio pro reo”, la absolución de su cliente.

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Foto:Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte, abogados penalistas

La resolución de la Audiencia Provincial

Hay que señalar que no se ha practicado, en el caso de autos, prueba de cargo bastante y suficiente para la incriminación del acusado como autor del delito de estafa” e igualmente con los de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y hurto, declarando al acusado absuelto de todos los cargos.

Las claves que arroja la sentencia firmada por la Sección Nº5 de la Audiencia Provincial de Madrid se resumen en que “no resulta acreditado que, pese a que al acusado le corresponda el número de usuario que figura en los tickets que se dicen manipulados, sea éste el que haya realizado las operaciones antes descritas para manipular tales tickets”. Igualmente comparten con la defensa la interpretación que hacen del vídeo recogido por la cámara de seguridad oculta, y donde la empresa alegaba que el ex empleado se apropiaba de dinero en efectivo. Así mismo los tres magistrados no encuentran que “los documentos hayan sido objeto de manipulación y alteración por parte del acusado”, elementos que les lleva a una duda razonable por lo que no pueden sino absolver al acusado frente a las pretensiones de la multinacional.